La Generalitat pide al Supremo la finalización del proceso judicial sobre el decreto de plurilingüismo

El sindicato CSIF recuerda que el tribunal estimó parcialmente su recurso por vulneración de derechos fundamentales contra el decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüístico educativo valenciano. La resolución consideraba que “resulta injustificada la certificación automática de los niveles de competencia lingüística en valenciano y en inglés para el alumno acogido a la mayor normalización del valenciano”.

La central sindical apunta que el dictamen de la sala recalcaba el “desequilibrio para el castellano” y el “ claro agravio comparativo para el alumnado que opte por mayor presencia del castellano”, tal como aducía CSIF en su recurso. El tribunal sostenía incluso que “la Disposición Adicional 5ª no supera el canon de constitucionalidad”.

El TSJCV concluía que esa disposición adicional “realiza una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia en la certificación de lenguas al alumnado”. Por ello, dictaminó que “vulnera derechos susceptibles de amparo constitucional” y acordó estimar la demanda presentada por CSIF.

La Generalitat decidió presentar recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. No obstante, este martes remitió un nuevo escrito en el que explica que “mediante decreto 219/2017, de 29 de diciembre, del Consell ha sido derogado el Decreto 9/2017, de 27 de enero” y suplica a la sala que “acuerde la terminación del procedimiento” .

Esta petición se produce después de que en el último pleno del año, el Consell aprobara la derogación del decreto , ya que esta materia se regirá a partir del curso escolar 2018-2019 por el contenido de la proposición de ley que actualmente esta en tramitación en Las Cortes. Con todo ello se extingue la causa del proceso judicial, que deberá finalizar.

Por otra parte, la portavoz de Educación del grupo popular en Las Cortes, Beatriz Gascó, ha solicitado la retirada de la ley de educación ante "el rechazo general" de la comunidad educativa. "No se puede hacer una ley para una minoría", ha manifestado Gascó, que ha defendido la importancia de contar con todos los agentes de la comunidad educativa para la estabilidad del sistema en el futuro.

"Tanto el alumnado, las familias como el profesorado han rechazado la norma y han denunciado la falta de participación de la comunidad educativa , por eso lo más prudente es su retirada y comenzar de cero para poder partir de un consenso", ha opinado.

La retirada de la proposición de ley de educación permitiría que en el proceso de elaboración de la norma se pudiera escuchar a expertos que defiendan diferentes teorías lingüísticas "y no solo las favorables a las teorías del Consell", ha opinado.

Además, según añade, la apertura de una mesa de trabajo permitiría "pulir las aristas de la ley, cubrir los vacíos legales que presenta el actual texto y que se priorice la formación académica del alumnado y no su ideologización como ocurre ahora".

Gascó considera que la ley que pretenden que se apruebe en Las Cortes " antepone la imposición del valenciano al aprendizaje del inglés , intentando hacer desaparecer o llevar a mínimos todo lo que huele a español del sistema educativo valenciano".

"No se puede hacer una ley a espaldas de la ciudadanía y en la Comisión de Educación del pasado lunes se evidenció que nadie está conforme con este texto", ha insistido.