La Generalitat avanza en la imposición del requisito lingüístico en la Comunidad Valenciana

En esta comisión, el requisito del valenciano para acceder a la administración ha vuelto a dividir a los partidos del Botànic y a los de la oposición en el debate de enmiendas, en coincidencia con una protesta del sindicato de funcionarios CSIF. Mientras PSPV, Compromís y Unides Podem han recordado que se regulará en un reglamento posterior y por categorías, PP, Cs y Vox han cuestionado que sea necesario y han advertido que muchos trabajadores se quedarán fuera .

Esta ley, pendiente de la pasada legislatura, lleva más de un año desde que la Generalitat la aprobara antes de la pandemia del coronavirus , con la previsión de que salga próximamente adelante en el pleno de las Cortes . El inicio del debate se ha retrasado dos horas porque los grupos han negociado hasta el último momento.

Entre las 379 enmiendas presentadas , los del gobierno (PSPV-Compromís-Unides Podem) han aceptado con su mayoría algunas como una de UP para establecer un régimen transitorio de dos años para que los interinos puedan formar parte de las bolsas siempre que se hayan examinado en la última convocatoria o en la anterior .

Los del Botànic también han consensuado otros aspectos de la ley como que los funcionarios puedan optar al teletrabajo de forma voluntaria , dar un máximo de un año para establecer un reglamento de provisión de plazas para personas con discapacidad, agilizar la cobertura de bajas o publicar el texto de los temarios de exámenes en la web de Conselleria.

Y entre las propuestas de la oposición ha salido adelante una del PP, modificada por Compromís, para que los funcionarios en prácticas no dejen de percibir complementos previos o trienios reconocidos .

En el debate, la oposición ha hecho hincapié en que el «único objetivo» del tripartito con esta ley es el requisito lingüístico o exigencia del conocimiento del valenciano para entrar a la administración, algo que se regulará con un reglamento posterior que determinará los niveles específicos para cada puesto.

El PP , que ha presentado hasta 209 enmiendas, ha criticado que el requisito se haya negociado con «nocturnidad» y que «la batalla entre las dos consellerias (Justicia y Educación) finalmente la haya ganado Compromís» porque la dirección general de Política Lingüística deberá emitir un informe favorable . «Es la ley de Compromís y el PSOE está jugando el papel del tonto útil», ha criticado José Antonio Rovira .

El popular ha prometido que si su partido vuelve a gobernar eliminará el requisito porque la Comunidad Valenciana «no es Galicia ni Cataluña» y la cuarta parte de municipios son castellanoparlantes , además de recordar que la exministra del ramo Carolina Darias se mostró en contra de que las lenguas fueran más que un mérito.

Ciudadanos también cree que la ley nace muerta porque tendrá que modificarse cuando la Generalitat lance el decreto de teletrabajo, además de criticar que el Botànic la tramite en medio de la pandemia «casi a hurtadillas porque no saben cómo van a acabar con la imposición lingüística». «Es un proyecto tan chapucero que requiere de auto-enmiendas», ha resumido el diputado Vicent Fernández .

Y Vox , tras lamentar que el Botànic negocie «como siempre a última hora», ha rechazado que se creen organismos donde «se solapan competencias» o que se «discrimine» a los interinos con más experiencia y a los hombres. «Si quien decide es Vicent Marzà , vamos apañados», ha dicho su portavoz José Mª Llanos sobre el conseller de Educación, de Compromís, y el informe favorable que se deberá emitir sobre el requisito.

Ante las críticas de la oposición, el PSPV ha defendido que la «inmensa mayoría» de las aportaciones de los sindicatos en la fase de alegaciones están incorporadas y ha reprochado al PP que tenga «complejo de cangrejo» y quiera volver a su ley de 2010. «Abandonen el camino de la 'cayetanización'», ha instado la socialista Rosa Peris a los populares, recordando que en Galicia gobiernan y también hay requisito .

Compromís ha defendido que en la Comunidad Valenciana es necesario para equiparar valenciano y castellano en la administración y que está avalado jurídicamente. «Por más que insistáis, no podemos cambiar la realidad: las lenguas no parten de la misma situación», ha replicado su diputada Nathalie Torres , para negar que haya imposición lingüística o que sea una «extravagancia» algo que funciona en otras autonomías.

UP , por su parte, ve necesario que la forma de cubrir las plazas sea por oposición y que se profundice en el teletrabajo y esta modalidad sea reversible salvo en situaciones excepcionales para garantizar el derecho a la desconexión digital, ha defendido su portavoz adjunta Estefania Blanes .

La imposición lingüística también ha suscitado quejas frente a la Generalitat por los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC), que debían presentar los equipos directivos de los centros de Secundaria, Bachillerato y FP para el próximo curso antes del domingo 28 de febrero.

Al respecto, asociaciones de padres y de profesores denunciaron que la Generalitat estaba aprovechando las restricciones de reunión establecidas por la pandemia del coronavirus para «imponer» el valenciano en estos niveles , sin la participación de toda la comunidad educativa.

Por otro lado, fuera del parlamento, la Central Sindical Independiente y Funcionarios ha protestado contra la ley antes de registrar una serie de medidas contra el «olvido» del teletrabajo o la «imposición» del valenciano, además de denunciar que la Generalitat no les ha tenido en cuenta en la fase de alegaciones .

Con lemas como 'No a la ley del chiringuito', el sindicato ha denunciado que nace desfasada, sin consenso y «pisotea» los derechos de los empleados públicos al «restringir» el acceso por el conocimiento del valenciano, por lo que insiste en que sea un mérito y no un requisito .

Durante la concentración, con pitadas y tambores, también ha rechazado que se «perpetúe» la libre designación en lugar de cubrir jefaturas por concurso y la «privatización» de la administración mediante el personal directivo público profesional, así como que la ley «desprecie» la experiencia al exigir un examen para formar parte de las bolsas temporales o que «reduzca la reserva de plazas para promoción interna».