García-Margallo, sobre Puigdemont: «Es ilógico que quien preside gracias a la Constitución la dinamite»

Antes de impartir una conferencia bajo el título "Por una convivencia democrática", García-Margallo ha declarado a los periodistas que " no hubiese sido lógico que al teniente coronel Antonio Tejero , tras el 23-F, le hubiesen dejado preparar en su cuartel la siguiente jornada".

Sobre el pulso entre el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña, el exministro ha revelado que hay un "juego de astucias", ya que "se está intentado desplazar la carga del no diálogo a la otra parte", pues "está en juego quién asume la culpa y la responsabilidad" con la mirada puesta "en las elecciones autonómicas y en la percepción de la comunidad internacional".

Según el exministro, esta situación está "perjudicando enormemente a España y a Cataluña ", porque si la incertidumbre se sigue prolongando "las empresas se seguirán trasladando y Carles Puigdemont será el president que habrá convertido la zona industrial de Cataluña en un auténtico erial".

Sobre la postura de la Unión Europea de no intervenir como mediador, el exministro ha expresado que "no tiene otra", pues "el artículo 4 del Tratado de la Unión dice que corresponde a los estados miembros la organización territorial y la defensa de la integridad territorial".

Ha añadido que esta ruptura que pretende Cataluña "podría provocar un efecto de emulación ", pues en la UE "hay 360 regiones y eso sería ingobernable. No tiene ningún sentido fragmentar estados miembros por cuestiones étnicas, lingüísticas o culturales, pues ninguno de los 28 estados es puro, somos productos del mestizaje".

Ha indicado que Mariano Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución cuando "sea oportuno, a partir del jueves", pues entonces "se deberán abrir las conversaciones para una actualización de los pactos de 1978".

Margallo ha expresado la necesidad de "cambiar el marco territorial" y "consagrar un senado territorial, que sea un foro de discusión entre las comunidades y el Estado", así como "delimitar las competencias con más claridad para evitar la conflictividad, establecer principios básicos de financiación autonómica, el papel de las comunidades sobre las decisiones de la UE y una Ley Oficial de Lenguas".