Gabriela Bravo, sobre el requisito del valenciano: «No ha de asustar a nadie, habrá diálogo»

En los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, Bravo ha informado de que este anteproyecto está pendiente de un informe de la Conselleria de Hacienda y, tras este trámite, se negociará con los sindicatos.

"El anteproyecto de ley recoge que el conocimiento del valenciano, con carácter general, es un requisito para el acceso a la función pública, aunque con posterioridad se determinarán una serie de niveles y se desarrollará un reglamento en el plazo de un año", ha agregado.

"Hablamos de una lengua cooficial , no tiene que asustar a nadie, es normal que a cualquier persona que quiera acceder a la función pública se le exija el conocimiento de las dos lenguas. Esto no ha de generar confrontación, se va a negociar por la vía del diálogo y se pondrán en marcha los cursos necesarios para funcionarios", ha precisado.

A su juicio, esta decisión es lógica, "como quien quiere acceder a un puesto en la UE y debe aprender francés. Esto no debe ocasionar traumas".

"Yo soy funcionaria y valencianoparlante, aunque he utilizado más el castellano en los últimos años. Si me exigiesen hablar valenciano y mejorar técnicamente para desenvolverme públicamente en esta lengua no lo vería como una rémora. Es riqueza intelectual", ha añadido.

Por otra parte, preguntada por las inversiones en materia de Justicia, Bravo ha admitido que el sector tiene un problema tanto por la falta de presupuesto como por la necesidad de reformas estructurales y ha subrayado que el sistema judicial está "obsoleto, no se adecúa a las necesidades de la España actual".

"Cuando llegamos al Gobierno en 2015, uno de los grandes lamentos por parte del Tribunal Superior de Justicia y los jueces era la falta de personal. En dos años hemos triplicado la inversión -del Gobierno anterior- en personal de refuerzo, y el próximo año se quintuplicará, y sin embargo los lamentos siguen siendo los mismos", ha asegurado.

Esto se debe, en su opinión, a las deficiencias estructurales y a la ausencia de reformas, motivo por el cual cree necesario "un pacto de Estado en materia de Justicia para que la inversión produzca efectos".

En referencia a una necesidad concreta expresada por los jueces, como es la necesidad de disponer de un cuerpo de peritos contables, la consellera ha admitido que la Generalitat no podría ponerlo en marcha, ya que requeriría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"De momento, hemos firmado un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para que los interventores de la Generalitat puedan aportar conocimiento técnico y apoyo a los jueces en procesos de corrupción vinculados a la administración pública", ha añadido.

Por otra parte, ha anunciado que la Generalitat está estudiando la fórmula para recabar los apoyos del personal de la Facultad de Económicas de la Universitat de València.

"Me consta que la Universidad ha realizado estudios sobre blanqueo de capitales y delitos en el ámbito financiero, y me parece muy interesante. Vale la pena profundizar y articular algún proceso de colaboración. Aunque no sean peritos, podrían hacer explicaciones previas a jueces y fiscales en el marco de cada investigación", ha afirmado.

Sin embargo, Bravo admite que estos asesoramientos "no tendrían validez jurídica y no podrían constar como peritajes. Se ha de estudiar lo que pueden ofrecer y después hablar con el Consejo General del Poder Judicial para que valore la pertinencia de estos apoyos", ha finalizado.