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Presunta financiación irregular del PSPV

Una funcionaria admite que conversó con Etelvina Andreu antes de contratar a la agencia del PSPV

La exdirectora general de Consumo niega que mantuviera una charla sobre Crespo Gomar y asegura que no intervino en la adjudicación

Etelvina Andreu, durante un mitin en Alicante en 2007 EFE

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Las declaraciones que han tenido lugar este martes en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid por el contrato de 184.138 euros otorgado en 2008 a Crespo Gomar -la empresa que realizó trabajos para PSPV y Bloc de cara a las elecciones de 2007- han dejado alguna llamativa afirmación sobre la gestión del procedimiento. La sospecha de la juez de Valencia que ha instruido el caso es que los contratos que desde el Gobierno central se concedieron -durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero- fueron como «pago» a la presunta financiación irregular del partido por esta agencia, que habría pasado servicios a terceras empresas mediante la confección de facturas falsas.

La magistrada de Madrid Carmen Huerta se centra en indagar en las supuestas irregularidades que pudo tener la adjudicación en el Ministerio de Sanidad dirigido en ese momento por Bernat Soria y en el que se encontraba como directora general de Consumo Etelvina Andreu , previamente candidata socialista a la alcaldía de Alicante y de cuya campaña se encargó Crespo Gomar. Mientras, otro juzgado hace lo propio con otro contrato por parte del departamento de Vivienda.

Durante su comparecencia, una de las funcionarias de la Mesa de Contratación de Sanidad ha admitido que, a la hora de emitir el informe técnico sobre las ofertas presentadas para la campaña de publicidad que promovía el consumo responsable, mantuvo una conversación con Andreu , según fuentes conocedoras del interrogatorio. El objetivo era tratar con ella para que se escogiera a la empresa que reflejara las propuestas de lo que se quería en la campaña. Aunque se ha mostrado dubitativa sobre si la exdirectora general mencionó específicamente a Crespo Gomar -se ha escudado en que han pasado diez años- y no ha detallado que fuera una orden, ha apuntado que esa empresa era su preferencia por el planteamiento que presentaba.

Por su parte, Andreu -citada por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos- ha negado, según las mismas fuentes, que tuviera lugar esta charla, aunque sí se podría haber producido una consulta durante el «briefing» en el que se concreta lo que se busca para la campaña. En todo caso, habría sido antes de la apertura de los sobres con las ofertas económicas y las técnicas.

La exdirectora general de Consumo -quien sólo ha respondido a las preguntas de su defensa, de la Fiscalía y de la juez- también ha rechazado que supiera que Crespo Gomar se presentaba al concurso hasta el final de procedimiento y que, pese a que conocía a Alberto Gomar (hijo del exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar), no sabía que era el responsable de dicha empresa. En esta línea, ha defendido que no podría haber intervenido durante la contratación para que la agencia resultase la adjudicataria.

En cuanto a las posibles irregularidades, tanto las funcionarias como Andreu y la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, se han desvinculado asegurando que todo se hizo respetando la ley vigente en 2008.

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