La Fiscalía pide quince años de cárcel para Alfonso Grau y una multa para el PP por el caso del pitufeo en Valencia

Asimismo, reclama siete años de prisión para la exsecretaria del grupo municipal popular y exedil, María del Carmen García Fuster ; cinco para el exconcejal y responsable de Centro de Estrategias y Desarrollo, Eduardo Santón , y para el exresponsable de Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, José Salinas . Fiscalía atribuye un delito de blanqueo al PP , por el que solicita una multa de cuatro años, con una cuota de 100 euros diarios (146.000 euros).

El juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que ha instruido el caso, dictó a mediados de octubre auto de incoación de procedimiento abreviado -procesado- a medio centenar de personas (49) entre concejales y asesores del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de la capital en la época de Rita Barberá como alcaldesa, por un delito de blanqueo, en el conocido como «pitufeo» o pieza A, en las elecciones municipales de 2015.

Esta operativa consistía en ingresar por parte de los procesados mil euros como donativo en la cuenta que gestionaba la secretaria del grupo municipal, que presuntamente les eran devueltos con dos billetes de quinientos euros, procedentes de dinero negro supuestamente «recaudado» por el que fuera vicealcalde y mano derecha de Barberá, Alfonso Grau, que de esta forma quedaba blanqueado.

La causa comprende los comicios municipales de 2007, 2011 y 2015, elecciones estas últimas por las que Fiscalía Anticorrupción acusa de blanqueo a diechiocho ediles : Ana María Albert; Vicente Aleixandre; Mayrén Beneyto; Lourdes Bernal; Félix Crespo; Cristóbal Grau; Vicente Igual; Juan Vicente Jurado; Francisco Lledó; Alberto Mendoza; Alfonso Novo; María Jesús Puchalt; Maria Àngels Ramón-Llin; Ramón Isidro Sanchis; Juan Eduardo Santón; Silvestre Senent y Miquel Domínguez. El resto son asesores de la formación.

El pasado jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número trece de Valencia dejó en libertad a Alfonso Grau tras permanecer en la cárcel desde el 15 de mayo de este año. El exvicealcalde permanecía en régimen de prisión provisional, comunicada y sin fianza como medida cautelar con el objetivo de que pudiera destruir pruebas que pudieran incriminarle.

Sin embargo, los investigadores valoraron que su permanencia en el centro penintenciario de Picassent «ya no era necesaria». Asimismo, la magistrada le impuso la obligación de comparecer 'apud acta' en sede judicial cada quince días, así como la prohibición de salir de España y la retirada de su pasaporte.