La Fiscalía investiga contratos de Educación y Transparencia tras dos nuevas denuncias del PP

Según ha podido saber Europa Press, la petición de la Fiscalía, que ha llegado a ambos departamentos de la administración valenciana esta misma semana, solicita, además de esa copia, la de cualquier informe de Intervención, inspección o control posterior de esos contratos.

El PPCV, mediante una denuncia formulada por la diputada Eva Ortiz de finales de diciembre del pasado año, comunicó a Fiscalía hechos que consideraba que podían ser constitutivos de prevaricación y pedía al ministerio público la declaración de los funcionarios que hubieran tenido participación directa en estos contratos y de cuatro altos cargos a quien atribuye la responsabilidad directa: el director general de Cooperación, Federico Buyolo; el de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y los consellers Manuel Alcaraz y Vicent Marzà.

Según el PPCV, en ambos departamentos se realizaron conductas de fraccionamiento sistemático del objeto de los contratos administrativos "a los efectos de evitar la aplicación de procedimientos abiertos a la libre concurrencia, así como la auditoría de los órganos de la Intervención, otorgando contratos arbitrariamente, prescindiendo manifiesta y abusivamente de las exigencias legales, llegando a ordenar los pagos contra el expreso criterio de la Intervención".

En el caso de la actividad 'Objetivos de Desarrollo del Milenio' de la Conselleria de Transparencia, señala que, según su conocimiento, se realizaron "al menos" cuatro contratos por importe global de 58.212 euros que, pese a estar destinados a un objeto único, "fueron fraccionados evitando así procedimientos más exigentes y un mayor grado de fiscalización".

En relación con la 'Primavera Educativa' de Educación, según el PPCV, se observan "numerosos y flagrantes incumplimientos del procedimiento y de los requisitos legales en la contratación" de las actividades, "efectuados con la única finalidad de adjudicar arbitrariamente determinados contratos y efectuar pagos de la misma forma arbitraria, cinematográficas, equipos, sonido, pantallas y ordenador". Y apunta se han podido pagar duplicadamente servicios.

La Conselleria de Educación niega todos los extremos de la denuncia y alega que no hay fraccionamiento de contratos, que se confunde la 'Primavera Educativa' con otras actuaciones de su departamento. Además, argumenta que la suma de los contratos que se consideran fraccionados no superan "en ningún caso" las cuantías de un contrato menor, por lo que no se vulneran ni eluden las normas de contratación de publicidad y concurrencia.

Cuando se superan los 6.000 euros, constan las tres ofertas solicitadas y han sido fiscalizados por la Intervención, añade el departamento de Marzà. Asimismo, agrega que la denuncia incurre "errores materiales" o "falsas acusaciones" en datos y cuantías.

En cuanto a la denuncia a Transparencia , este departamento señala que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es una actividad sino un elemento que debe estar presente transversalmente en las políticas de la Generalitat y que son 17 objetivos. Para la conselleria, el escrito de denuncia es "inconsistente" desde el punto de vista jurídico y considera que pretende generar "alarma y caos donde todo está rigurosamente planificado y ejecutado de forma impecable".

Así, argumenta que la denuncia presenta una "absoluta falta" de trabajo "riguroso" al no sumar correctamente cantidades económicas, sumar o detraer el IVA "a conveniencia" o "confundir" nombres de meses o años de facturación. Este departamento recalca que no hay fraccionamiento ni otro tipo de delito por lo que augura que la denuncia no tendrá recorrido.