La excandidata del PSOE en Alicante pide que se suspenda su declaración por los contratos de Sanidad

La comparecencia en calidad de imputada fue acordada por la juez en el marco de la causa abierta por los delitos de malversación y prevaricación por el contrato de 184.138 euros suscrito por el ministerio con Crespo Gomar, la empresa investigada como el epicentro de la presunta financiación ilegal del PSPV-PSOE y el Bloc en 2007.

La que fuera candidata del PSOE a la alcaldía de Alicante en este año ha pedido al juzgado que se le traslade copia de todas las actuaciones que han tenido lugar hasta el momento porque, justifica, no tiene conocimiento de los hechos que se le imputan . Igualmente, ha solicitado que la declaración tenga lugar por videoconferencia desde Valencia, en lugar de trasladarse a Madrid.

La exdirectora general resultó investigada por este contrato, adjudicado en 2008 (durante su etapa en el departamento de Sanidad) a Crespo Gomar, la agendia que además había sido previamente la encargada de su campaña electoral en Alicante.

Junto a ella, la juez citó a la, en ese momento, subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, y a otras ocho personas de la Mesa de Contratación.

Además de Sanidad, el juzgado de Instrucción 24 de Madrid indaga en otro contrato del ministerio de Vivienda (en la época de Beatriz Corredor) por un importe de 126.208 euros a la misma empresa.