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ENTREVISTA AL CONSELLER DE HACIENDA

«Niego que la Comunidad Valenciana corra peligro de ser intervenida»

Vela ha cerrado esta semana un plan de pagos «histórico» para los proveedores y diseña para la próxima un plan de reequilibrio que «asegurará un Estado del Bienestar económicamente viable»

ALBERTO CAPARRÓS

José Manuel Vela (Valencia, 1962) es un catedrático de Economía Financiera y Contabilidad que desde junio de 2011 afronta el principal reto de su carrera política al frente de la cartera de Hacienda, en la mayor crisis en la historia reciente de las Administraciones Públicas. Esta semana ha sido la figura clave del Consell al cerrar un plan de pagos para los proveedores que califica de «histórico».

—¿Se encuentra la Comunidad Valenciana en un supuesto de intervención?

—En absoluto. Niego que la Comunidad Valenciana corra en este momento peligro de ser intervenida. No es algo que me quite el sueño. Es más, a algunas comunidades, como Andalucía o Cataluña, el Gobierno sí les ha rechazado el plan de reequilibrio, porque presupuestaron con las previsiones de la anterior vicepresidenta económica, Elena Salgado, que nosotros no nos creímos.

—¿Se puede interpretar que la Generalitat se encuentra de facto intervenida con los préstamos que va a recibir para pagar a los proveedores y la próxima emisión de hispanobonos por parte del Gobierno?

—Es falso afirmar que el Gobierno haya asistido a la Generalitat. Lo que ha hecho el Ejecutivo es dar respuesta en menos de cien días a las solicitudes de todas las comunidades autónomas y ha puesto en marcha un plan de pagos a los proveedores que beneficia a todas las regiones que se han querido acoger.

—¿Cuánto dinero menos se habrá de gastar para cumplir con el objetivo del déficit del 1,5 por ciento cuando acabe el actual ejercicio?

—Nuestro plan de ajuste es creíble, está basado en el presupuesto aprobamos para 2012 y no contempla recorte de servicios. Además, resulta fundamental el decreto-ley de enero, con el que se ahorran 1.058 millones, ya que la clave está en la caída de ingresos y ahí ya hemos actuado. Ahora tenemos que evaluar el impacto que tendrán las medidas aprobadas esta semana por el Gobierno en materia de sanidad y educación, que podrían suponer otro ahorro de 1.000 millones y planeamos medidas adicionales para cumplir con el objetivo.

—¿Cuáles serán esas medidas?

—Lo vamos a analizar durante la próxima semana para aprobarlas en el pleno del viernes, pero se podría plantear un acuerdo de limitación de las obligaciones de pago, así como revisar todas las líneas de ejecución presupuestaria para comprobar qué partidas se pueden ajustar.

—¿Comparte la opinión de los economistas alemanes y franceses sobre el futuro de la Unión Europea?

—Los catedráticos aportan juicios de valor sin conocer el terreno que pisan. En Europa se han cometido excesos de dogmatismo con el déficit, pero le recuerdo que España cumplió a finales de los 90 y Alemania y Francia no lo hicieron.

—¿Han decidido ya recuperar el impuesto de Patrimonio?

—Todavía no. Hemos de analizar muchos factores teniendo en cuenta que hay que preservar un Estado del Bienestar que sea viable desde el punto de vista económico. Lo importante ahora es asegurar las prestaciones sociales. No corren tiempos de prioridades ideológicas, por lo que, si tenemos que recuperar el impuesto de Patrimonio, lo haremos, ya que podríamos recaudar entre ochenta y noventa millones de euros.

—¿Qué ha cambiado desde que usted dijo en agosto que subir impuestos era un «suicidio económico»?

—Yo no habría subido impuestos, pero las perspectivas económicas han cambiado de forma radical. En julio del año pasado la previsión era un crecimiento del 2,1 por ciento. En septiembre bajó al uno por ciento. Y en los Presupuestos Generales se espera una caída del 1,7 por ciento.

—¿Cómo se puede evitar que la Generalitat acumule 1.850 millones en facturas no presupuestadas y más de 4.000 millones en deudas a sus proveedores?

—La clave pasa por la emisión de hispanobonos, ya que sin ellos el Estado de las Autonomías no tiene viabilidad. Además, todos los gobiernos regionales nos hemos de acostumbrar a que ya no vendrán los mismos crecimientos económicos y en el plazo de tres años no podremos gastar más de lo que ingresamos para, de esa forma, mantener un Estado del Bienestar viable, pero sin el recurso a la deuda.

—¿Saben cuáles son las comunidades que han podido mentir y no han presentado todas sus facturas impagadas?

—Hay cifras que resultan muy difíciles de creer pero me reservo dar nombres por una cuestión de lealtad institucional.

—Sin embargo a la Comunidad Valenciana sí se le ha criticado por ser la autonomía que más dinero debía a los proveedores.

—La Comunidad Valenciana, en contra de lo que se ha dicho, no es la que más deuda arrastra por habitante. Además, aquí ni se ha despilfarrado ni se ha gastado más que en otras autonomías. Lo que ha sucedido es que fracasó la emisión de deuda minorista que lanzamos a finales de 2011 y nos impidió afrontar nuestros pagos

—¿Pensaron en algún momento no reconocer toda la deuda?

—En absoluto. Hemos sido transparentes y nunca hemos escondido facturas, porque los 1.850 millones no presupuestados en Sanidad están recogidos en el informe de la Sindicatura de Cuentas que, por cierto, atribuye este problema al problema de nuestro modelo de financiación.

—¿Usted ha dicho que serán «implacables» para exigir un nuevo modelo, pero el PP ha demorado los trámites para que el Congreso debata una reforma del Estatuto que busca mayores fondos para la Comunidad Valenciana?

—La reforma del Estatuto hace referencia a las inversiones del Estado y no a la financiación, que se debe cambiar para que sea más equitativa entre todos los españoles, pero tampoco debe servirnos como excusa.

—¿Entonces están dispuestos a enfriar el debate?

—Nosotros no podemos renunciar a un nuevo modelo, porque el déficit del actual sistema supone que la Comunidad Valenciana ingrese entre ochocientos y mil millones de euros menos de lo que le correspondería. El problema es que el Gobierno está refundando el Estado autonómico en la mayor reforma de la historia de la democracia y no es el mejor momentos ni para sacar esa bandera ni para negociar en plena caída de ingresos del Estado.

—¿Cuál es a día de hoy la radiografía financiera del Consell?

—A corto plazo vamos a pagar a todos los proveedores a fecha del 31 de diciembre de 2011. Espero que en septiembre podamos emitir hispanobonos por importe de 4.700 millones, lo que nos permitirá pagar las deudas pendientes con los ayuntamientos y las tramitadas como subvenciones, que ascienden a unos setecientos millones. Espero acabar el año con un retraso en los pagos no superior a los cuatro o cinco meses.

—¿Puede garantizar que no va repetirse una situación como la vivida en los últimos años?

—Nuestro problema ha sido financiero, al no poder colocar ni un solo bono desde hace dos años, y no presupuestario.En julio de 2011 le pedí a la ministra Salgado que ayudara las autonomías a pagar a los proveedores y a emitir su deuda. Me miró, se rió y no hizo nada. En cien días Mariano Rajoy ha aportado las soluciones.

—¿Quedan todavía gastos superfluos para lograr mayor ahorro?

—El margen es muy estrecho y ya se trata de una cuestión de cultura de la Administración. En esta Conselleria, por ejemplo, hemos suprimido la prensa y el agua mineral, pero la austeridad y el ahorro son condiciones necesarias pero no suficientes. Ahora falta tomar medidas para dinamizar la economía y yo estoy convencido de que esta crisis salimos seguro.

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