El enfermo de coronavirus tratado con ozonoterapia en Castellón por orden judicial recibe el alta

La mayor parte de ese tiempo permaneció en la UCI con pronóstico grave, motivo por el que su familia solicitó que se le tratara con ozono. Los responsables del centro hospitalario se negaron desde un principio a la aplicación de esta terapia y la esposa del enfermo, Vanesa Bachero, recurrió a los tribunales, que le dieron la razón.

La magistrada sustituta del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón argumentó que, hasta ese momento, la atención médica recibida no había restablecido la salud del enfermo y, en consecuencia, accedía a la petición de su esposa con un fin «compasivo» a falta de alternativas , puesto que no adoptar la medida podría generar perjuicios irreparables para la vida del paciente.

No obstante, el juez titular acordó levantar a partir del 1 de septiembre esa medida cautelar, al considerar que se había producido un «cambio sustancial» en las circunstancias respecto a las que se tuvieron en cuenta al dictar la resolución del 13 de agosto, pues no existía ya riesgo de que se produjeran daños irreparables para el paciente.

En un escrito, el equipo médico externo –liderado por el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo– consideraba que el paciente estaba «fuera de peligro» y en condiciones de viajar fuera de la Comunidad Valenciana en una UCI móvil con respirador, algo que finalmente no se llegó a producir.

Sin embargo, el magistrado entendió que, en esas circunstancias y ante la asunción de ese riesgo, la solicitud del particular debía «ceder ante la negativa razonada de los médicos» a utilizar un tratamiento que no está previsto ni su uso específico está autorizado.

Lo contrario, señaló, equivaldría a sostener que «los trámites, ensayos, pruebas y autorizaciones relativas a productos o tratamientos de uso sanitario carecen de utilidad y pueden obviarse por la simple acción de un particular», cuando lo que se busca es «proteger la vida y la salud de las personas» con garantías de que su «eficacia y beneficio para los fines de la medicina» están demostrados.

La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicitó al juzgado cesar el tratamiento al argumentar que no había evidencia científica de que tuviera beneficio para el afectado y adjuntó un informe de la Agencia Española del Medicamento y del Instituto de Salud Carlos III que el propio gerente del hospital pidió tras recibir la petición de la mujer del paciente para que se le tratara con ozono.

Ese documento destacaba que la ozonoterapia no se consideraba «una opción idónea» ante la falta de ensayos clínicos que respaldaran su uso y ante la ausencia de evidencias de la eficacia del ozono en «pacientes críticos con Covid grave» y la «incertidumbre» en casos «con neumonía grave» por el virus.

Multitud de organizaciones del sector sanitario han dado la voz de alarma en las últimas semanas ante lo que consideran una injerencia del poder judicial en el ejercicio de sus funciones , que puede abrir la puerta a la aplicación de pseudoterapias sin base científica en la sanidad pública.

De hecho, profesionales sanitarios, particulares y colectivos se concentraron a las puertas de hospitales y centros de salud de toda la Comunidad Valenciana en apoyo al personal de La Plana. Además, el Gobierno valenciano llegó a anunciar que estaba estudiando emprender acciones legales contra la familia del paciente en cuestión por acusar a los médicos de «obstaculizar» el trabajo de los profesionales externos.