La juez envía a prisión al exsubdelegado del Gobierno en Valencia y al exvicealcalde por la trama urbanística

También han ingresado en la cárcel Jaime María Febrer, empresario inmobiliario y principal beneficiario de las adjudicaciones urbanísticas, Joaquín Pastor, considerado el ingeniero financiero de estas operaciones de lavado del dinero obtenido de forma fraudulenta, y Mónica Montoro, profesional también del sector de la construcción.

La causa está abierta en el juzgado de instrucción 13 de Valencia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho , falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias y asociación ilícita, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La titular del juzgado ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de esos cinco detenidos de la trama. En esta causa, abierta en 2017 y que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia , otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales . El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

Otros ocho detenidos en la segunda fase de esta operación -que se ha desarrollado entre el jueves 13 y el viernes 14 de mayo y que ha incluido 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid - han pasado también a disposición judicial.

La instructora ha acordado para todos ellos libertad provisional con las siguientes medidas cautelares : retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia semanal en sede judicial.

Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, sin perjuicio de ulterior de calificación.

Entre ellos se encuentra el dirigente histórico socialista José María Cataluña , que fue responsable de finanzas de su partido.

Tanto a Rubio como a Grau se les acusa de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras. En concreto, el primero, destituido de su cargo de Subdelegación y suspendido de militancia del PSPV , pudo haberse llevado 300.000 euros , mientras que el segundo se llevó un millón de euros , según las investigaciones.

A Rubio y a Grau les constan otros procedimientos judiciales. El socialista está procesado en una de las piezas del caso Imelsa en la que se investigan contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas de Imelsa y Ciegsa . Por su parte, Alfonso Grau , de 80 años, fue condenado a cuatro años de cárcel -una pena ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)- por aceptar relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. También está siendo investigado en el caso Imelsa.

Otro de los detenidos que presuntamente tuvo un papel destacado en la trama fue el jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera, puesto que al parecer intermedió entre los políticos y uno de los e mpresarios arrestados, el constructor Jaime Febrer, quien fue localizado este jueves en Ibiza. Además, la UCO detuvo a otras 10 personas más, entre ellas la hija de Grau.

Se trata de la segunda fase del caso Azud, y en una primera fase del procedimiento se detuvo al abogado José María Corbín , cuñado de Barberá, y al letrado Diego Elum , aunque posteriormente ambos quedaron en libertad con medidas. Junto a ellos figuran como investigados la mujer y las hijas de Corbín.