desalojo
Aplazan el desahucio que los «indignados» pretendían paralizar en Campanar
La afectada era una mujer que llevaba seis meses sin pagar su hipoteca tras haberse quedado en paro
abc
El desalojo de una vivienda del barrio valenciano de Campanar que simpatizantes del movimiento 15-M pretendían paralizar, en colaboración con la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas de Valencia, ha sido aplazado porque los inspectores del juzgado no han podido acudir.
La actuación en ... esta vivienda se ha «retrasado» por la acumulación de otros desalojos fijados con anterioridad, según ha comunicado el juzgado a la propietaria del domicilio, Eva Carvajal.
La afectada, una mujer de 34 años con dos hijos de 14 y 8 años, llevaba seis meses sin pagar su hipoteca tras haberse quedado en paro, hasta que Bancaja se apropió de su piso en una subasta que ella desconocía hasta hoy.
Al mediodía, cuando se esperaba impedir la entrada del personal del juzgado al edificio, los «indignados» concentrados frente al portal del edificio llegaban al centenar, aunque finalmente no se ha producido el desalojo.
La propietaria de la vivienda se encuentra a la espera de recibir una notificación por escrito del aplazamiento del desahucio, por lo que las integrantes de la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas han calificado esta noticia de «una victoria parcial».
La afectada, quien ha intentado suspender a primera hora de la mañana el desahucio en el juzgado, ha relatado que recurrió a esta plataforma hace dos días, tras encontrarse el pasado lunes con unos inspectores «reventando la puerta» de su casa que le dieron cinco días para abandonarla.
«Me dijeron que vendrían hoy y que me tenía que ir. Si no, tirarían la puerta abajo y, como tengo a mis hijos, se los llevarían los de Asuntos Sociales», ha explicado.
En su visita al juzgado, la propietaria ha conocido que su marido había dejado de abonar su parte de la letra del piso, que habían acordado pagar a medias, cuando se separaron hace ocho años, tan solo un año después de comprar la vivienda, a un precio de 120.000 euros.
Por ello, el inmueble fue subastado el 26 de abril de 2009, sin que a ella le llegara ninguna notificación, que sí había recibido su marido.
En poder del juzgado también obra un informe según el cual el domicilio fue visitado en marzo de 2007, sin que se encontrara a nadie en su interior y con declaraciones en las que los vecinos afirmaban que la vivienda «no estaba habitada».
Así lo han vuelto declarar hoy algunos de los residentes del edificio, quienes han acusado a la propietaria del piso ante los manifestantes de deber 5.000 euros a la comunidad de vecinos.
«Ahora denunciaré a Bancaja y si tengo que denunciar a los juzgados por aceptar notificaciones en los que no hay ninguna firma mía, lo haré», ha aseverado, poco antes de conocer el aplazamiento del desahucio.
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