La exministra Beatriz Corredor, en el Senado
La exministra Beatriz Corredor, en el Senado - EFE
Tribunales

Declaran compleja la causa por el contrato concedido a la empresa sospechosa de financiar al PSPV

La juez amplía, a petición de la Fiscalía, la investigación contra el equipo de la exministra Beatriz Corredor hasta 18 meses más

VALENCIAActualizado:

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, ha declarado compleja la causa abierta por las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido en 2008 por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios al PSPV, y ha acordado ampliar la instrucción hasta 18 meses más.

Una causa en la que se encuentra investigada parte del equipo de la exministra Beatriz Corredor, como el que fuera jefe de Gabinete, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el exsubsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer. También están imputados la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud --destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor-- y Alberto Crespo Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia y responsable de la agencia de comunicación.

La juez les investiga la presunta comisión de los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por el importe 126.208 euros y conforme al artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim), la Fiscalía solicitó el pasado 6 de agosto que la causa se declarase compleja y, por tanto, se ampliase el plazo de instrucción un máximo de 18 meses más.

Finalmente, el 31 de agosto, la magistrada aceptó en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la petición del Ministerio Público debido a "las especiales características de los hechos punibles, el número de investigados, así como el resultado de diligencias ya acordadas, que hacen previsible que la causa no pueda concluirse en el plazo de seis meses", tal y como establece la LECrim.

SE ARCHIVÓ OTRA CAUSA SIMILAR ABIERTA EN MADRID

La juez abrió esta investigación después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a su favor por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Paralelamente, otro juzgado madrileño incoó diligencias por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros --en la que se investigó a Etelvina Andreu, directora general de Consumo en 2008 y un año antes había sido candidata a la Alcaldía de Alicante--, que finalmente se archivó a principios de julio.

El juzgado de Valencia arrancó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011. Los investigadores explican que la sociedad Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.

Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el juzgado valenciano se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.

UN PERITO CONSTATÓ INCOHERENCIAS

Una vez la causa llegó a Madrid, la juez comenzó a interrogar a investigados y a un perito que concluyó en un informe que en la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación 'Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012', resulta "incoherente e imposible", algo que ratificó después en sede judicial.

No obstante, tres funcionarios del Ministerio que integraron la Mesa de Contratación, también investigados, achacaron esos errores a "fallos de redacción". Misma línea mantuvo el equipo de Corredor ante la instructora al negar las irregularidades en la contratación o al desvincularse directamente de ellas, como fue el caso de Mateos.

El informe pericial cuestiona que el director del gabinete, que redactó o firmó el Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de la creatividad de la publicidad, declarase la licitación como "urgente". "Más que una urgencia parece una imprevisión", dice el informe porque no prevé la duración del mismo y sólo se indica que debía ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008.

Añadió el perito que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio ya advertía que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia. Sin embargo Mateos declaró que su única participación en esta adjudicación fue en la suscripción de dicho pliego y que por ello no podía ofrecer más detalles sobre la contratación.