Imagen de la reunión mantenida el pasado mes de septiembre por Puig y Rajoy en La Moncloa
Imagen de la reunión mantenida el pasado mes de septiembre por Puig y Rajoy en La Moncloa - EFE
Política

Ximo Puig reclama por escrito al Gobierno la condonación de una deuda de 20.245 millones

El Gobierno autonómico solicita el 70% de la recaudación del IVA y que el País Vasco y Navarra aporten al nuevo modelo de financiación

VALENCIAActualizado:

El «cupo» valenciano ya está cuantificado. De la misma forma que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, plantea que se le perdone a Cataluña parte de su deuda de más de 52.000 millones de euros, el Gobierno valenciano ha movido ficha en el debate sobre la nueva financiación autonómica y reclama al Estado la condonación de una deuda de 20.245 millones de euros. El Ejecutivo que forman el PSPV y Compromís defiende en un informe remitido la pasada semana al Ministerio de Hacienda «la necesidad de garantizar la viabilidad financiera de las autonomías, dando solución al problema del endeudamiento consecuencia de los déficits acumulados en los recursos aportados por el modelo».

Así, el Gobierno presidido por Ximo Puig propone «la condonación de deuda para todas las comunidades derivada de la insuficiencia global de recursos para financiar los servicios públicos fundamentales, así como la condonación de deuda en aquellas comunidades que, como la valenciana, han sufrido insuficiencias relativas respecto al resto».

La suma de ambos tramos arroja una deuda que la Generalitat cifra en los referidos 20.245 millones de euros, una cifra que prácticamente iguala todo el presupuesto del Gobierno valenciano para el próximo año.

El Ejecutivo autonómico calcula que la «infrafinanción» de la Comunidad Valenciana supone un agujero para sus arcas que asciende a 1.325 millones anuales «a pesar de no gastar más que la media, sino menos», de acuerdo con el conseller de Hacienda, Vicent Soler. De hecho, con el actual modelo un vasco percibe de media 2.861 euros más que un valenciano.

Según el responsable de la Hacienda valenciana, «el dinero es del contribuyente que paga sus impuestos y luego quiere unos servicios a la altura de las circunstancias. Por eso reclamamos que el sistema dote al conjunto de las comunidades autónomas de mayores recursos de acuerdo con las competencias transferidas».

Si Compromís fue la única formación, junto a Ciudadanos, que votó en contra del cálculo del cupo vasco en el Congreso, el PSPV exige, y así se lo ha hecho saber su secretario general, Ximo Puig, al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que el nuevo modelo de financiación se acelere para poder aplicarlo ya en 2018: «No tendría sentido que se aprobara el cupo vasco y no el nuevo sistema de financiación».

El pasado mes de septiembre, Puig arrancó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el compromiso de reformar el sistema de financiación antes de que finalice el año y estudiar su propuesta sobre la «deuda histórica».

Conforme avanzó esta semana Puig en sede parlamentaria, el Gobierno valenciano también quiere que en el nuevo modelo el País Vasco y Navarra realicen aportaciones al Fondo Básico de Financiación, para «asegurar una prestación equitativa en servicios básicos».

El nuevo fondo, que a diferencia de lo que sucede en la actualidad estaría nutrido por las autonomías de régimen foral, «sería el garante de la suficiencia en la cobertura de los servicios públicos fundamentales de competencia autonómica y se nutriría con la totalidad de la recaudación normativa del tramo autonómico del IRPF (50%) y la totalidad de la recaudación real (no territorializada) que corresponda a las CC AA de régimen común de los tramos autonómicos del IVA (70%) y de los IIEE (70%).»

De hecho, al margen de la condonación de la deuda, el Gobierno valenciano plantea en su propuesta sobre el nuevo sistema de financiación la necesidad de reordenar la participación de las comunidades de régimen común en las diferentes figuras tributarias. Para ello, aboga por mantener la participación del 50% en el IRPF, alcanzando el 70% de participación en el IVA y los Impuestos Especiales (actualmente, el 50% y el 58%, respectivamente), y ampliando las figuras de tributos cedidos.

En concreto, se plantea la cesión de impuestos medioambientales y del impuesto sobre primas de seguros.

Según el documento, «las comunidades gestionan el 67% del gasto del Estado del Bienestar, que es financiado con impuestos. Por ello, para lograr la sostenibilidad del mismo, es imprescindible que la participación de las autonomías en los principales ingresos tributarios (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) sea proporcional al gasto que gestionan».