Política
Cuando Podemos gobernó en Valencia: una portavoz procesada y una derrota en las urnas
La formación de Pablo Iglesias se unió al Ejecutivo de Ribó después de las municipales de 2015 y ostenta ahora una vicepresidencia de la Generalitat tras pactar con Ximo Puig y Mónica Oltra
El anuncio de un preacuerdo para formar un Gobierno estatal de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos presume de ser un hito histórico para la política en nuestro país. Pero la creación de un Ejecutivo con más de un partido no supone nada nuevo para los valencianos. Esa misma fórmula ha sido utilizada tanto a nivel municipal, en el Ayuntamiento de la tercera ciudad de España, como autonómico, en el Consell, y se ha replicado desde las elecciones de 2015 en muchas más localidades de la Comunidad Valenciana.
València en Comú -plataforma bajo el paraguas de la formación de Pablo Iglesias- fue clave con sus tres concejales en 2015 para que Joan Ribó pudiera desbancar de la alcaldía a Rita Barberá tras 24 años en el poder. Su entonces portavoz, Jordi Peris, que ejercía como independiente, se unió a Compromís y PSPV en una alianza que duró solo un mandato y que no estuvo exenta de polémicas por las fricciones que generaban ciertas cuestiones, como la gestión del puerto o la huerta, sobretodo cuando se acercaban las nuevos comicios. La formación morada necesitaba distanciarse de Compromís para atraer a sus votantes y no verse engullida por un e spectro ideológico muy similar pero una popularidad más bien tibia en la capital.
Peris no terminó el viaje emprendido y salió del Gobierno dos años después por las luchas internas dentro del grupo. A las municipales de 2019 concurriría con Compromís y Valencia en Comú -ya integrada totalmente en Podem- llegó a las elecciones con María Oliver , concejal de Educación y portavoz del partido en el consistorio, como cabeza de lista.
Podem Valencia no superó la barrera del cinco por ciento para obtener representación y quedó condenada a la marginalidad política.
Esto sucedió apenas un mes después -las autonómicas en la Comunidad Valenciana se adelantaron al 28 de abril para hacerlas coincidir con las generales- de que sus homólogos hubieran entrado, por primera vez, en el Gobierno de la Generalitat junto a los socialistas y Compromís. Ya lo podrían haber hecho en 2015 pero entonces decidieron mantenerse al margen del poder y apoyar a las fuerzas progresistas lideradas por Ximo Puig y Mónica Oltra desde fuera del ejecutivo, siempre que se siguieran las directrices del denominado «pacto del Botànic» .
En el reparto de poder de hace tan solo unos meses para la segunda legislatura de esta alianza, Unidas Podemos se quedó con una de las vicepresidencias -la segunda- y la conselleria de Vivienda para su candidato Rubén Martínez Dalmau , así como con la conselleria de Transparencia (que quedó en manos de Esquerra Unida).
Una adjudicación bajo sospecha
Tras su nombramiento y la debacle del partido en las municipales, Dalmau fichó como asesora a María Oliver, que se ha visto obligada a dejar su nuevo cargo cuatro meses después de ser designada. La gestión de esta última en el área de Educación del Ayuntamiento de Valencia -también estuvo al frente de Vivienda- está en entredicho tras la reciente decisión del juzgado de procesarla por presuntas irregularidades en la confección del denominado «mapa escolar» .
Oliver podría sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al encomendar a José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor de la Universitat de València y miembro de Podemos -también procesado-, la dirección de un proyecto que pretendía investigar la situación del alumnado y del sistema educativo en la ciudad .
Entre las anomalías o irregularidades descritas como indiciarias en el auto del juez, se cita que el convenio firmado por ambas instituciones por más de 100.000 euros , abarcaba aspectos que no eran habituales en el ámbito del mapa escolar.
Se utilizaron recursos distintos a los contemplados (becarios que realizaron una parte sustancial del trabajo de campo) y se subcontrató con una empresa cuando se tenía que haber realizado directamente por el personal de la universidad.
Asimismo, en el documento judicial se relata también que la memoria económica, que «adolecía de suficiente concreción», no se cumplió y, además, el personal universitario «no percibió los conceptos presupuestados», sino que las cuantías «se destinaron a otros gastos incurridos supuestamente en el marco de la actividad».
El juez hace referencia a compras realizadas por el profesor universitario que no eran subvencionables como la compra de cámaras o ordenadores, la asistencia a un congreso de sociología en Valdepeñas, una cena homenaje a la primera promoción de sociólogos de la Complutense de Madrid y consumiciones en establecimientos de hostelería.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete