La UCO ve «crucial» el papel de Alfonso Grau en la financiación ilegal del PP de Valencia

El nuevo documento de la UCO se incorpora a la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo popular en el Ayuntamiento y al supuesto delito electoral que se instruyen en esta macrocausa.

Unas conclusiones que llegan después de que un exasesor de Grau, Jesús Gordillo, aportara documentación sobre los contratos suscritos con la empresa de comunicación Laterne , la cual habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones que sufragaran la campaña ya desde 2006 . El coste oficial de los gastos era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los casi tres millones de euros.

Estos hechos, en opinión del juez, además de poder integrar delitos autónomos, en principio conexos, de malversación y cohecho, son indicativos de un posible delito electoral continuado con los ya investigados en los comicios de 2011 y 2015 , tesis que también sostiene la UCO en su nuevo informe. Asimismo, guardarían relación con el delito de blanqueo por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas supuestamente en dos billetes de 500. Una conexión que, para los agentes, se demuestra en las «grandes cantidades de dinero en efectivo» con las que se sufragaron los gastos.

El informe de la UCO apunta a la existencia, ya en 2007, de una dinámica consistente en el empleo del grupo municipal popular para «asumir cometidos propios del partido en relación a la organización y desarrollo de las campañas electorales, implementada con la finalidad de ocultar determinados gastos que por su naturaleza deberían tener reflejo en la contabilidad global de la formación presentada ante el Tribunal de Cuentas». La capacidad de disponer de elevadas sumas de dinero en efectivo, unido a las aportaciones, permitió lograr nuevamente, en opinión de la UCO, «que terceros sufragasen de manera efectiva gastos propios del partido , permaneciendo ocultos a los órganos ficalizadores».

En toda esta trama, según los investigadores, habría tenido un papel fundamental tanto Alfonso Grau como el administrador de Laterne, Vicente Sáez Tormo -fallecido-, a quienes unía una relación de amistad. El exvicealcalde de Valencia habría gestionado la contratación con Laterne, pero también habría supervisado todos los trabajos. A él se apunta nuevamente como el recaudador de este dinero irregular .

La intervención de ambos sería «determinante», a juicio de los agentes, para «desarrollar los trabajos para la campaña del PP por un importe muy superior al legalmente establecido , y financiarlos de manera irregular mediante el uso de distintas dinámicas de ingresos de fondos». Una de ellas habría sido la utilización de dinero en efectivo para el pago de los gastos.

Además de lo relativo a la empresa Laterne, la UCO remarca que a partir de 2007, otras empresas vinculadas a Vicente Sáez comienzan a recibir ingresos de ciertas empresas privadas y organismos que acaban nutriendo las cuentas de la agencia de comunicación, «produciéndose por ello un aumento notable de los recursos económicos». De todas estas empresas de Sáez, sólo algunas desempeñarían una actividad real, mientras que otras sólo tendrían una función aparentemente instrumental .

La UCO también afirma en diversas ocasiones que, aunque esta operativa se gestase en el grupo municipal, «no implica que desde otros estamentos del partido no se tuviese constancia».