Enric Morera y Ximo Puig, en las Cortes Valencianas
Enric Morera y Ximo Puig, en las Cortes Valencianas - MIKEL PONCE
Política

Las Cortes Valencianas no aplicarán el requisito lingüístico pese al desacuerdo de Morera

La Mesa del Parlamento descarta incluir el valenciano como obligatorio para los nuevos trabajadores mientras el presidente de la Cámara hace constar su abstención

VALENCIAActualizado:

La Oferta de Empleo Público de las Cortes Valencianas para 2018 se convocará finalmente sin que en ella se incluya el requisito lingüístico para los aspirantes. Es decir, que a los futuros trabajadores de la casa se les exiga la acreditación del conocimiento del valenciano. En total, se trata de unas 30 plazas entre administrativos, técnicos, ujieres, transcriptores o traductores.

La cuestión ha generado división entre los partidos que sustentan al Consell durante las últimas semanas y este martes se ha vuelto a comprobar. La propuesta que se llevó a finales del pasado junio a la Mesa fue pactada en su momento en la mesa de negociación -de la que formaban parte sindicatos, el letrado mayor de las Cortes y técnicos- que durante dos años se ha venido reuniendo para pactar esta convocatoria que, precisamente, llegaba ya con retraso en opinión de los trabajadores y de los partidos.

La previsión era que saliera adelante por unanimidad, pero el presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera, comunicó que votaría en contra al no contener el requisito lingüístico. Se decidió entonces posponer el posicionamiento al no contar con el apoyo de la máxima autoridad y encargar un informe de los letrados. El documento concluía de forma tajante que la introducción de un examen obligatorio y eliminatorio de valenciano con carácter general en la oferta no estaba avalada por la legislación vigente ni por la doctrina del Tribunal Constitucional.

Aun así, realizaba un añadido: nada impide que se pueda determinar en la Relación de Puestos de Trabajo aquellos para los que se considere procedente exigir una específica acreditación de la lengua, en atención a las funciones del puesto o, especialmente, en aquellos que prestan un servicio de atención al público. Según el TC, se puede incorporar no ya en los procedimientos de acceso a la función pública sino en la determinación de los requisitos para los puestos de trabajo de la Administración cuando sea razonable, proporcionada y adecuada a las funciones que han de desarrollarse.

PSPV y Podemos, sorprendidos

El informe se ha llevado a la Mesa de las Cortes este martes, en la que finalmente todos sus miembros han votado a favor del acuerdo pese a la oposición de Morera, quien ha pedido hacer constar en acta que se abstenía. Un desmarque de sus socios del PSPV y Podemos, los cuales se muestran sorprendidos. Desde la formación morada explican que, aunque están a favor de que en la ley de función pública se obligue a certificar el conocimiento del valenciano, ésta no se encuentra todavía aprobada y se preguntan por qué el presidente del Parlamento autonómico no ha «metido prisa» a su partido (Compromís) para que salga adelante y así «se habría acabado ya el conflicto».

Podemos se refiere a las negociaciones en el Consell sobre el requisito lingüístico, un caballo de batalla durante la presente legislatura. Los socialistas y la coalición -la cual presionó para que así fuera- llegaron a un acuerdo en este sentido hace más de un año, pero la Ley de Empleo Público todavía no ha sido aprobada y no es previsible que se dé luz verde antes de elecciones para evitar polémicas innecesarias durante estos meses. Sin embargo, Compromís no desaprovecha la oportunidad de hacer resugir el debate siempre que puede.