La corrupción resta cada año 10.000 millones de euros a la riqueza de los españoles

El informe, titulado "Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España" y presentado este viernes en Valencia, recoge las estimaciones de un grupo de investigadores en economía que sitúan la calidad institucional entre los factores fundamentales para el desarrollo económico.

El estudio analiza asimismo la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción.

Según han explicado el investigador del Ivie Francisco Alcalá y el profesor de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez , codirectores del informe, la mejora de la calidad institucional y el fin de la corrupción elevarían el crecimiento medio anual de la economía en punto porcentual en un plazo de quince años, lo equivale a 10.000 millones de euros anuales.

Según Alcalá, el impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente , a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo.

Además, una mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas , una mejor regulación y una mayor competencia "incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia actividades más productivas".

Los indicadores de calidad institucional, según e l Worldwide Governance Indicators (WGI) , elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países, sitúan a España entre el 20 % de los países con una mejor gobernanza en el mundo, pero no alcanza el nivel que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía, añade el informe.

España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, y al 5,8 de la media de Italia y Grecia.

Los costes económicos de la corrupción y el déficit de calidad institucional, advierte el informe, " van mucho más allá del montante de los fondos públicos indebidamente apropiados " y "frenan el crecimiento económico".

Ello da lugar a niveles de productividad, salarios y empleo inferiores a los que serían posibles con el capital humano y la tecnología disponibles, alerta.

El nivel de calidad institucional que se obtiene, según el indicador combinado de los WGI, sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20 % de países con mejor calidad a nivel mundial).

Sin embargo, "la productividad española figura notablemente más arriba" , en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1).

Así, la calidad institucional aparece como una debilidad "relativa" de la economía española, que según el estudio debe ser compensada por la fortalezas en otros factores, como su capital humano.

"Si todos los factores productivos de la economía española se situasen en ese nivel relativo de la calidad institucional (es decir, en el percentil 81 de su distribución mundial), la productividad de la economía española sería un 17 % inferior " y "nos dejaría en los niveles, por ejemplo, de Eslovenia", advierte.

Concluye también que España presenta su mejor desempeño en las categorías de "voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos, y efectividad del gobierno".

Pero entre sus debilidades figura la "calidad regulatoria" , donde se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido, y, sobre todo, en control de la corrupción, con 2,3 puntos por debajo.