Continúan en los juzgados doce PAI recurridos por el Gobierno
ABC En la imagen, los terrenos donde está previsto desarrollar el PAI de la Bega, en Cullera

Continúan en los juzgados doce PAI recurridos por el Gobierno

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VALENCIA. Una docena del total de los trece recursos presentados por el Gobierno central a Proyectos de Actuación Integrada (PAI) de la Comunidad Valenciana hace ya más de dos años continúan pendientes de resolución judicial, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la región.

Durante los últimos 24 meses,los juzgados sólo han resuelto el recurso presentado en un plan parcial de actuación urbana proyectado en el municipio de Ador, que fue denunciado por el Gobierno por no contar con un informe sobre la disponibilidad de recursos hídricos para el abastecimiento.

Tras esa suspensión, el PSPV aseguró que la sentencia sentaba precedente, por lo que exigió «clarificar la Ley de Ordenación del Territorio para adaptarla» a la nueva realidad. Por su parte. el Consell interpretó que el fallo daba la razón a la Generalitat al reconocer que los informes de la Confederación Hidrográfica «no son vinculantes y pueden ser sustituidos por informes de las empresas de suministro de agua».

Los trece proyectos fueron aprobados hace dos años por la comisión territorial de Urbanismo y posteriormente recurridos por el Gobierno central. Los proyectos recurridos que siguen paralizados fueron presentados en Villalonga, Venta del Moro, Carlet, Carcaixent, Cullera -donde hay tres planes a la espera de que se resuelva el recurso-, Benaguasil, Llaurí, Gilet, Ribarroja y Godella, según los últimos datos registrados por la Delegación del Gobierno.

Todos ellos fueron recurridos al entender que no estaban asegurados los recursos hídricos o porque les faltaba «algún documento» para cumplir con todos los requisitos necesarios. Las comisiones territoriales de Urbanismo, encargadas de analizar todos los proyectos urbanísticos presentados en la Comunidad, deben contar entre sus miembros como vocales «con voz y voto» con un representante del Ministerio de Fomento, otro del Ministerio de Medio Ambiente y un representante de la Diputación provincial correspondiente.