Estudiantes de la Facultad de Medicina de Valencia, en unas prácticas
Estudiantes de la Facultad de Medicina de Valencia, en unas prácticas - ROBER SOLSONA
Valencia

El Constitucional tumba el veto del Consell a las prácticas de estudiantes de la privada en hospitales públicos

La sentencia subraya que los futuros titulados necesitan para su formación toda la estructura sanitaria

VALENCIAActualizado:

El Tribunal Constitucional ha tumbado el veto del Consell a las prácticas universitarias de estudiantes de la privada en hospitales públicos al declarar inconstitucional y nulo ese aspecto de la Ley de Salud valenciana.

Según consta en la sentencia, se estima así el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 senadores del PP y se declara nulo el término "de titularidad pública" contenido en el apartado 65 del artículo único de la Ley de las Cortes Valencianas 8/2018, de 20 de abril. Esta norma ya topó con otro dictamen judicial en contra, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La sentencia considera que dicho precepto "incurre en contravención con las competencias exclusivas del Estado en materias de educación y de bases de la sanidad".

Dicho precepto dispone de modo expreso el deber de la Generalitat Valenciana, por medio de la Conselleria de Sanidad, de colaborar con "las universidades de titularidad pública", a través del establecimiento de acuerdos entre las universidades y los centros de estudio de las instituciones sanitarias para garantizar la docencia práctica y clínica de las titulaciones que así lo requieran.

Además, "priorizará las impartidas en centros de titularidad pública", en referencia a los centros de formación profesional (no universitarios) que, igualmente, impartan docencia sobre Ciencias de la Salud, con sometimiento a la aplicación de la normativa específica en materia de incompatibilidades.

Los recurrentes consideraban que el contenido de este artículo suponía una infracción competencial y que, además, implicaba una vulneración de varios derechos fundamentales.

La sentencia, redactada por el magistrado Antonio Narváez, explica que "la normativa estatal se refiere de modo genérico a las universidades, sin distinción alguna entre unas universidades y otras".

En cambio, "la norma legal valenciana únicamente impone este deber de colaboración del Ejecutivo autonómico respecto de las universidades de titularidad pública, sin mencionar de modo expreso a las privadas".

Contradicción entre leyes

En consecuencia, "existe una contradicción entre la normativa básica estatal y el precepto legal autonómico impugnado, ya que aquella no sólo no hace distinción entre unas y otras universidades, sino que en la propia regulación complementaria del régimen de concertación alude de modo expreso a las universidades privadas para establecer los vínculos de relación entre aquellas y las instituciones sanitarias integradas en el Sistema Nacional de Salud, a través de la figura del convenio", subraya el Tribunal.

La sentencia concluye que esta contradicción resulta de todo punto "insalvable por cuanto la normativa estatal básica concede una relevante y transcendente importancia a que la formación de los profesionales en las Ciencias de la Salud dispongan de toda la estructura sanitaria pública para la realización de sus prácticas clínicas, siendo estas imprescindibles, además, para completar su período de formación y la obtención de sus títulos académicos".

La sentencia cuenta con dos votos particulares, el primero de la magistrada Encarnación Roca, quien expone que "la cuestión debería haberse analizado exclusivamente desde el prisma de los títulos competenciales relativos a educación, pues era lo más coherente tanto con el sentido y finalidad del precepto impugnado, como con las normas estatales que la sentencia entiende vulneradas".

Eso hacía que "no resultase necesario analizar la delimitación de competencias en materia de sanidad y que se hubieran encuadrado en la materia educación las normas contenidas en la LGS y en la LOPS, atendiendo a que lo que regulan es la concertación necesaria entre las universidades y las Instituciones sanitarias públicas para la realización de la formación práctica que precisan los alumnos de Ciencias de la Salud".

Por su parte, el magistrado Fernando Valdés ha dejado por escrito en su voto particular que para resolver este asunto hubiera bastado considerar prevalente la regla competencial específica sobre la más genérica.

Esto es, "extraer plenamente las consecuencias del carácter prevalente del título competencial enunciado en el primer inciso del art. 149.1.30 de la Constitución, en la medida en que atribuye al Estado la plenitud de la competencia normativa para la regulación de las condiciones de obtención de títulos académicos".