La consellera Bravo defiende los contratos de los hospitales de campaña y evita la polémica de los plazos

Durante su comparecencia en las Cortes Valencianas, ha tachado de «falsas» las acusaciones de los partidos de la oposición, algunas de las cuales estaban sustentadas por informaciones de este periódico, sobre el cual ha afirmado -sin mencionarlo- que ha sido « utilizado para abrir sombras de sospecha sobre una tramitación legal» y para «lavar, tal vez, la mala conciencia de algunos partidos» , en referencia al PP.

Bravo, que ostenta el grueso de competencias de Emergencias en la Generalitat, ha explicado que la construcción de los hospitales en las tres provincias se decidió en marzo, ante el crecimiento exponencial de las cifras de contagios y muertes por coronavirus, con el objetivo de refozar al sistema de salud ante un posible colapso.

«Treinta días después, los tres centros modulares eran tres realidades. Entre todos tienene una capacidad de 1.100 camas, que están compradas y preparadas», ha indicado, si bien se han instalado por el momento alrededor de 800.

Efectivamente, los hospitales están montados, pero la empresa reconoció a ABC la semana pasada que faltaban por terminar parte de los baños normales y todos los adaptados a personas en silla de ruedas e, incluso, sus cálculos eran que había 500 camas operativas a fecha de 29 de abril.

El coste total de la instalación ha sido de 7 millones de euros , según ha expuesto Bravo. Los 4,8 millones de levantar las carpas y los 2,2 millones de la adecuación de los terrenos, trabajos estos últimos encargados a la empresa pública Tragsa.

Bravo ha remarcado que, aunque por el momento no han sido usados, serán clave para los requisitos exigidos por el Gobierno central de cara a pasar a la fase 1 de la desescalada al tratarse de recursos previstos ante un posible repunte de la pandemia.

A lo largo de sus alocuciones, la titular de Justicia ha realizado una encendida defensa de la empresa IDAT S.L. , la adjudicataria tanto de la instalación de los hospitales (4,8 millones) como del equipamiento médico interior (3,5 millones) y de un tercer contrato de compra de material de 431.000 euros que acabó siendo cancelado al no poder ser suministrado (todo lo cual asciende a casi 9 millones de euros ).

«Está formada por dos empresas que han trabajado para organismos internacionales, para ministerios de defensa de distintos países. En noviembre constituyeron una nueva para garantizar un servicio mucho más multidisciplinar. Se trata de empresas que si hubieran concurrido cumplirían con todos los requisitos para poder presentar una oferta en ese momento», ha indicado. A continuación, ha apuntado a «informaciones falsas» de medios de comunicación -referentes a las de ABC- porque la constitución de IDAT fue en noviembre y no en febrero.

Pero este periódico sí lo publicó el pasado viernes , cuando detalló que el inicio de actividad se había declarado el pasado mes de noviembre, aunque no fue hasta el 11 de febrero que IDAT depositó el capital social mínimo , los citados 3.000 euros, y quedó constituida. Detrás de ella se encuentra Hispano Vema, socia al 50 por ciento con otra firma, Bellcomm S.L., ambas catalogadas mercantilmente como «microempresas». Según las dos compañías, Hispano Vema, que fue quien recibió el encargo, necesitó un socio de confianza y ambos usaron «una empresa que teníamos recién creada para otro proyecto».

Ambas presentan unas cifras muy modestas para la magnitud de este contrato. La primera, que cuenta con ocho empleados, facturó en 2018 1,3 millones de euros y declaró un beneficio neto de 60.004 euros. La segunda, que cuenta con tres empleados, facturó en el último ejercicio contable disponible 385.044 euros y declaró pérdidas de 300.043.

Gabriela Bravo ha hecho hincapié en que estas empresas habrían cumplido con todos los requisitos para presentar una oferta si hubieran concurrido públicamente en otra situación que no fuera la de emergencia. Este periódico no ha negado tal cosa, pero cuestiona si IDAT hubiera superado una licitación pública en condiciones normales .

La titular de Justicia ha apuntado igualmente que el adelanto de dinero por parte de la Generalitat «no conlleva ninguna irregularidad» . «El contrato está totalmente fiscalizado, la posibilidad de un pago anticipado se encuentra amparada por la ley siempre que esté fiscalizada, y lo está porque el interventor firmó el expediente. Todo cumple con la más estricta legalidad más allá de lo que quieran sembrar algunos».

ABC no ha hablado en ningún momento de irregularidad o de ilegalidad, pero sí ha puesto de manifiesto que IDAT es una empresa sin solvencia y la liquidez se la puso la Generalitat al adelantarle 2,4 millones de euros (el 50%) del total de 4,8 antes de poner el primer poste.

Por último, del contrato de material por 431.000 euros con esta misma empresa posteriormente cancelado, Bravo ha comentado que cuando les ofertaron en marzo la posibilidad de mascarillas y geles realizaron la adjudicación. Pero no llegaron a tiempo porque las necesitaban «enseguida», de modo que lo modificaron.

Los grupos de la oposición han preguntado a la consellera por todos estos asuntos y por otros a los que no ha respondido. Por ejemplo, el hecho de que prometieran públicamente que los hospitales estarían en funcionamiento en un mes, pero en el contrato el plazo de ejecución fuera de 4 meses (cuando, además, en el anuncio de adjudicación figuraba un mes).

El diputado del PP José Císcar ha incidido en que las dos primeras adjudicaciones públicas que se lleva IDAT son de la Generalitat Valenciana. «¿Cómo se explica que para dos contratos de 9 millones se recurra a una empresa con capital social de 3.000 euros? ¿No había otras empresas solventes en España? ¿Cómo se explica que a una empresa sin riñón financiero se le adelanta el 50% del dinero al inicio de la instalación de los hospitales? Si en el contrato no tienen una garantía de que los socios responden, ¿cree que si hay problemas van a pagar? ¿Cómo se explica que el equipamiento médico interior que se adjudió el 30 de abril ya estaba preparado el día 12 de abril cuando fueron usted y Ana Barceló a visitar las instalaciones? ¿Por qué se subió a la Plataforma de Contratación la anulación de un contrato un minuto después de colgarlo? Si se hubiese dependido en el momento crítico de la pandemia de los hospitales de campaña, ¿de qué habría servido? ¿Ahora mismo ya reúnen todas las garantías de seguridad y accesibilidad?» han sido algunas de las preguntas formuladas por él, mientras ha concluido que «algo huele a podrido».

Por su parte, tanto el parlamentario de Ciudadanos Vicente Fernández como el de Vox José María Llanos han criticado la falta de previsión, la celeridad y la escada operatividad de las instalaciones en el tiempo marcado, comparándolo con el uso que se le ha podido dar a Ifema en Madrid.

Bravo les ha respondido si les parece mal que la Generalitat haya invertido 9 millones de euros en «salvar la vida de los valencianos». «Nos hubiésemos gastado lo que hiciera falta», ha añadido, para negar que hayan fomentado la creción de empresas ad hoc y que se haya reducido la capacidad inicial de las instalaciones. Igualmente, ha denunciado que en Ifema «había personas hacinadas y los profesionales no tenían dónde cambiarse», para los que trabajar «era un verdadero riesgo».