Un conflicto vecinal, origen del derribo de los dos rascacielos en Benidorm

Más de cinco años estuvo yendo al Ministerio de Fomento en Madrid a reclamar la demolición un residente del edificio situado justo detrás de estas dos torres, en representación de esta comunidad de vecinos.

Basta con asomarse a cualquiera de las ventanas o balcones de esta otra torre de apartamentos para comprender porqué no les hizo ninguna gracia la llegada de sus nuevos vecinos: dejaron de tener vistar al mar y a la concurrida y emblemática Playa de Levante. Pasaron de la noche a la mañana a estar de primera a segunda línea de playa.

Así arrancó el litigio en los juzgados que pasó por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde se validó la autorización a edificiar los dos colosos de 22 plantas con 168 viviendas de lujo - se vendieron hace ahora una década a entre 400.000 y 700.000 euros - y posteriormente llegó al Tribunal Supremo, que en 2012 decidió lo contrario. Hace unos días, ha ratificado la orden de derribo con carácter ya irreversible después de desestimar todos los recursos posibles.

En concreto, el Supremo ha inadmitido a trámite los recursos de la Generalitat y la empresa Terras de l'Horta, filial de Edificaciones Calpe, y ha agotado así la última vía judicial para evitar la demolición.

De hecho, la razón legal para el derribo -que entre indemnizaciones a los propietarios y demolición costará 180 millones de euros- se sustenta en que la doble edificación invade por cuatro metros nada más la zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre.

Es más, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha explicado a Efe que «no existe ningún problema urbanístico para que vuelvan a construir en la zona»: la empresa promotora solo tendría que retrasar esos pocos metros las edificaciones y estos rascacielos que ahora se han hecho famosos ya no estarían afectados por la Ley de Costas.

Según Caselles, la mercantil «tiene todos los permisos y licencias para construir y puede hacerlo mientras respeten el dominio público y la edificabilidad establecida».

De forma similar piensan algunos vecinos y propietarios de Gemelos 28. Uno de ellos ha tildado de «sinsentido» la probable demolición de las torres «porque después se pueden volver a levantar cuatro metros más atrás», según ha apuntado.

Este vecino ha manifestado que confía en que el derribo no termine ejecutándose y ha afirmado: «Por el momento, nadie de la Administración se ha puesto en contacto con nosotros para hablarnos de las indemnizaciones que nos corresponderían».

Ha apostado por la figura de un mediador entre las partes y ha propuesto que «se modifiquen los deslindes para evitar el ridículo que se puede hacer». En su opinión, «la línea se podría retrasar un poco o también permutar este deslinde por otro, lo que sea, pero hay que encontrar una solución», ha indicado.

Si ocurre así, el malestar volvería al edificio de sus vecinos de detrás, que durante años removieron cielo y tierra para borrar de delante de sus ojos la estampa imponente de «los Gemelos» y al demorarse en el tiempo la resolución judicial veían con escepticismo que se atendiera su demanda.