El empleado público había recurrido en apelación la sentencia en primera instancia del juzgado de lo Penal número 3 de Alicante, que le había condenado a 8 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo durante ese tiempo, así como a devolver el importe defraudado, cifrado en 1.829,74 euros.
El funcionario trabaja como mecánico en el parque móvil municipal y alegó que no había pruebas contra él pero la Audiencia ha ratificado el fallo y los hechos probados, que incluyen que este hombre trabajaba desde 1994 y que tenía acceso a las tarjetas de carburante para repostar los vehículos oficiales.
Sin embargo, sin ningún tipo de autorización usó una de dichas tarjetas para llenar el depósito de su coche particular entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 en la estación de servicio 'La Goteta 2', en El Campello, y lo hacía "principalmente los fines de semana", causando un perjuicio al ayuntamiento de 1.829,74 euros.
Contra esta resolución, que declara de oficio las costas, no cabe recurso, según la Audiencia.
C. Valenciana
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