Condenan a la dueña de un laboratorio por atender a pacientes como odontóloga sin tener la titulación

El fallo del Juzgado de lo Penal número 1 de Valencia, que no es firme, condena a la acusada a una pena de tres meses y quince días de multa con una cuota diaria de ocho euros, así como a satisfacer las costas procesales.

La querella fue presentada en 2012 por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) tras detectar esta actividad ilícita, ya que además de no estar habilitada legalmente ni tener los conocimientos formativos necesarios para tratar pacientes, lo hacía en un lugar no autorizado para ello y, por tanto, sin las debidas medidas de seguridad sanitarias.

En la sentencia, hecha pública por el ICOEV, se recoge cómo la condenada practicó en la boca de dos pacientes intervenciones que están reservadas a los odontólogos y estomatólogos, como son la toma de impresiones y el ajuste de la prótesis confeccionada sobre la cavidad bucal.

En un comunicado, el presiente del ICOEV, Enrique Llobell, recuerda el peligro que supone para los ciudadanos este tipo de prácticas ilegales, ya que una toma de impresiones mal realizada "puede tener consecuencias fatales para el paciente" y un mal ajuste de una prótesis puede en algunos casos desencadenar serios problemas dentales.

Según consta en el relato de los hechos, la condenada, propietaria del taller mecánico dental Molaris, "en todas las ocasiones iba vestida con la bata propia de sanitario y utilizó un sillón de dentista, guantes y algunos útiles propios de la profesión de dentista ".

Además, durante el proceso judicial, según la entidad colegial, "la propia Conselleria de Sanidad detectó la presencia de un sillón dental en las instalaciones del laboratorio del barrio de Ayora y requirió su inmediata retirada".

Desde el ICOEV se recomienda a los ciudadanos corroborar que el profesional que presta la atención bucodental es un dentista colegiado, tanto a través de su web ( www.icoev.es ) como del buscador nacional ( www.guiadentistas.es ), "dado que lo contrario, además de ser delito, implica un serio riesgo para la salud del paciente".

Llobell considera que la colaboración ciudadana y de las instituciones es "fundamental para luchar contra la lacra del intrusismo que afecta a las profesiones sanitarias, y principalmente a los pacientes".