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Imagen difundida por el alcalde socialista de Burjassot en su web en campaña electoral - ABC
Burjassot (Valencia)

Condenan a un ayuntamiento socialista por «vulnerar derechos fundamentales» de una funcionaria

A la monitora le negaron la excedencia al ser elegida concejal para que renunciara o perdiera su puesto de trabajo

VALENCIA Actualizado: Guardar
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El Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) -gobernado por el PSPV-PSOE con mayoría absoluta- ha sido condenado por negar la excedencia a una empleada municipal al salir elegida concejal en las últimas elecciones, según el juzgado de lo Social 13 de la capital del Turia, por «vulneración del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos»

De esta forma, el magistrado estima la demanda interpuesta por la concejal, quien, después de haber trabajado como monitora/controladora de las escuelas deportivas municipales mediante diversos contratos temporales pasó a ser -a través de una regularización llevada a cabo por el Ayuntamiento a instancias de la Inspección de Trabajo- personal indefinido no fijo en marzo de 2017.

La demandante renunció a la indemnización económica por daños y perjuicios que pedía en un principio porque pretendía evidenciar que la pretensión no era el dinero, sino reivindicar el derecho a ser concejal sin perder la condición de empleada pública.

Según explica la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en mayo de 2019, la demandante salió elegida concejal. Mediante un escrito presentado en junio, solicitó pasar a situación de excedencia forzosa desde la fecha de la toma de posesión. Sin embargo, se le notificó que, según el acuerdo del pleno basado en un informe del secretario, se declaraba causa de incompatibilidad en cuatro concejales, entre ellos esta edil electa por lo que debía optar, en el plazo de diez días, entre renunciar a su condición de concejala o abandonar el puesto de trabajo.

Una vez estudiados los argumentos de las partes, el juez concluye que "sí hay indicios de una conducta por parte del Ayuntamiento contraria al derecho de acceso a cargos públicos representativos, limitándose la defensa de la corporación a remitirse al informe del secretario sin más alegaciones ni actividad probatoria".

De hecho, apunta la sentencia que en dicho informe se alude a "unas resoluciones judiciales relativas a la excedencia voluntaria del personal indefinido no fijo e, incluso, se llega a afirmar que existe una jurisprudencia al respecto muy extensa sobre los indefinidos no fijos y la excedencia voluntaria por incompatibilidad pero que no se han encontrado sentencias sobre excedencia forzosa para ejercer un cargo electo para este personal".

Para resolver la cuestión, el magistrado cita normativa como la de Régimen Electoral General o el Estatuto de los Trabajadores que, "si bien no define con claridad lo que debe entenderse como cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, es evidente que dentro de ese concepto se encuentra el de ser concejal del Ayuntamiento donde se prestan los servicios laborales y así se pronuncia la doctrina judicial".

Agrega la resolución que "la administración demandada no ha acreditado la existencia de causas suficientes, reales y serias, para justificar su conducta, por lo que, a la vista de los hechos que se declaran probados y de los razonamientos expresados en los fundamentos precedentes y coincidiendo con el informe del ministerio fiscal, cabe concluir, que sí se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales que se alegan".

«Vulneración de derechos»

En consecuencia, el fallo decreta que la conducta del Ayuntamiento de Burjassot -cuyo equipo de gobierno dirige el alcalde Rafa García- constituye "una vulneración del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos" por lo que ordena "la nulidad radical" de su actuación y lo condena a estar y pasar por esta declaración, al tiempo que avala el derecho de la concejal a permanecer en situación de excedencia forzosa mientras ocupe el cargo público.

La sentencia también recoge que la demandante renunció a la reclamación por daños y perjuicios que pedía en un principio, de 100.000 euros, porque, según explican a Europa Press fuentes conocedoras, el objetivo era hacer ver que la pretensión no era el dinero, sino reivindicar el derecho a ser concejala sin perder la condición de empleada pública.