ABC  Enrique Pérez Boada, ex director del IVF
ABC Enrique Pérez Boada, ex director del IVF

El TSJ condena al IVF por hacer pública la sordera de un directivo despedido

I. R. T.|VALENCIA
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El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) fue condenado por despedir a su director de inversiones, Enrique Benedé, en enero de 2006. Aquello fue considerado un despido improcedente y el organismo dependiente de la Conselleria de Economía tuvo que pagar una sustanciosa indemnización al directivo afectado.

Pero aquel despido ha seguido coleando en los tribunales hasta hace bien poco. Ha habido una segunda sentencia. Otra condena para IVF que entonces presidía Enrique Pérez Boada por revelar en prensa que el directivo despedido padecía «una sordera muy importante». Dice el Tribunal Superior de Justicia que cuando Pérez Boada aludió a la sordera de quien durante cinco años había sido el director de Inversiones Crediticias para justificar su despido reveló datos médicos y con ello vulneró el derecho a la intimidad del trabajador.

La indemnización que percibirá Benedé es simbólica: 3.000 euros. Muy lejos de los 140.000 euros que reclamaba el despedido porque entendía que la difusión pública de sus datos médicos le habían impedido encontrar un nuevo empleo.

Benedé fue el director de Inversiones Crediticias del IVF desde su fundación, en 1992, hasta 2005. Ese año le fue reconocida una minusvalía del 33% por sus problemas auditivos. El servicio de prevención de riesgos laborales del IVF, sin embargo, le consideró «apto para el desempeño de su puesto de trabajo», pero cuatro días después, el director del organismo le despidió.

Fue un despido improcedente y, como tal, percibió una indemnización de más de 147.000 euros.

Días después, el entonces director del IVF explicó que el plan estratégico que tenía que desarrollar la entidad entrañaba una carga de trabajo que el alto cargo no estaba en condiciones de asumir. Y fue ahí cuando aludió a la incapacidad laboral parcial, a su sordera.

Daño económico y moral

Benedé fue despedido el 1 de enero de 2006. Tenía 60 años. Casi dos años después, cumplidos ya los 62, accedió a la jubilación anticipada. Por tal motivo, su pensión se redujo a un 79 por ciento de la base reguladora.

Entendió entonces que la revelación de «información confidencial sobre su incapacidad laboral» le había ocasionado no sólo un «daño moral» sino también un «daño económico y profesional» porque perdió toda opción de reengancharse en el mercado laboral. Por eso reclamaba 140.000 euros, por lo que había dejado de ganar.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ dice ahora que tiene razón, pero sólo en parte; explica la sentencia que la vulneración de su derecho a la intimidad personal es incuestionable.

El Tribunal, sin embargo, no cree que exista una «relación de causalidad» entre lo dicho por Pérez Boada y la imposibilidad del despedido para encontrar otro tabajo. No hay pues, responsbilidad patrimonial de la Administración porque, según la Sala, existían elementos, como la avanzada edad del demantante y su incapacidad laboral que «merman objetivamente la capacidad para encontrar trabajo como independencia de que se publiciten».