Compromís pide la expulsión de los curas católicos de la sanidad pública y los equipara a las sectas

La formación nacionalista, que en la investidura de Sánchez votó a favor a través de su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví , ha aclarado que su objetivo «no es extender este tipo de asistencia al resto de religiones, sino evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios».

En un comunicado de prensa, Mulet señalaba este jueves que el objetivo era «evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios». Pese a la rotundidad de estas declaraciones, la formación sostiene en otra nota, remitida este viernes a ABC , que «en ningún momento se pide expulsar a nadie de los centros sanitarios». Horas antes, el senador había escrito en redes sociales que «quien tenga vicios que se los pague». Mulet ha explicado este viernes que su iniciativa «parte a instancias de organizaciones que han visto discriminatorio el trato con el resto de confesiones religiosas».

De acuerdo con la tesis que sostiene Compromís, el« Convenio de 23 de abril de 1986 sobre asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud atenta contra la aconfesionalidad del Estado consagrada en nuestra Constitución». Compromís recalca que en «dicho convenio se garantizó por parte del Estado a la asistencia religiosa católica de los católicos internados en sus centros, pero no al resto de confesiones o sectas religiosas».

Bajo la premisa de que «la asistencia religiosa no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna» , la formación que respaldó la investidura de Sánchez lamenta que el Gobierno garantice con fondos públicos la presencia de sacerdotes en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla , donde mantiene las competencias de sanidad, «donde la religión con más seguidores no sería la católica».

Por ello, la coalición nacionalista quiere saber qué cantidad ha destinado el Gobierno desde 1986 de dinero de la Administración General del Estado para asistencia religiosa , en qué hospitales o centros sanitarios, y para qué confesión religiosa.

El objetivo de Compromís, plasmado negro sobre blanco en sus preguntas registradas en el Senado , pasa por «evitar las interferencias ( pagadas con dinero público ) religiosas, mitológicas, mágicas o pseudocientíficas en los centros hospitalarios públicos, bajo la excusa de asesoramiento ético, moral o religioso».

Compromís sostiene en su interpelación al Gobierno que «la asistencia religiosa no forma parte de lo estipulado en la Constitución en cuanto a los derechos reconocidos a la salud». Además, para los socios de investidura de Sánchez, «ciertas posturas integristas religiosas en materias éticas o morales pueden ir contra los principios básicos de la ciencia o la medicina».

Compromís, que gobierna en la Comunidad Valenciana junto al PSPV-PSOE y Podemos, considera que el convenio susctrito en 1986 entre el Ejecutivo de Felipe González y la Conferencia Episcopal «sirvió de justificación para transferir también este privilegio religioso» a las autonomías que asumieron las competencias en materia de sanidad.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat destina 856.000 euros al año para sufragar los sueldos de 62 sacerdotes que ofrecen sus servicios en veinticinco hospitales de la red de hospitales públicos.

En virtud del acuerdo suscrito en 1986, la mayoría de hospitales tienen espacio para la Iglesia Católica, fundamentalmente «capilla y despacho».

Al respecto, Compromís ha preguntado al Gobierno en sus interpelaciones en el Senado «qué medidas va a tomar para derogar los acuerdos que garantizan la asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos en España».