Compromís mantiene en el cargo a un edil procesado por homicidio imprudente en Valencia

El fallecido de 47 años, casado y con dos hijas, cayó desde una altura de tres metros y estuvo una semana en muerte cerebral hasta que falleció. Su familia reclama cinco años de prisión para el edil y pese a que la Fiscalía pidió el archivo de la causa , el juez ha rechazado todos los recursos y ha abierto juicio oral por los hechos acontecidos en el marco de los espectáculos musicales de la Feria de Julio en el parque de Viveros de la capital del Turia.

Según el auto, Fuset impuso unas nuevas condiciones «a toda prisa» a la empresa contratada para la programación de los conciertos días antes del inicio de los mismos. En una carta «firmada de su puño y letra», el edil de Cultura Festiva exigía la instalación de unas gradas con capacidad para cerca de mil personas -anunciadas como la gran novedad de ese año y que no se han vuelto a utilizar- por parte de otra sociedad que no había participado en el concurso público.

Una empresa a la que, además, nadie exigió un estudio de seguridad y salud , por lo que el juez considera que el concejal actuó al margen de la legalidad, siendo su conducta «decisiva» para el desenlace fatal. Así pues, el magistrado sostiene que la muerte del trabajador podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas de protección en el ámbito laboral, sin perjuicio de lo que se dilucide en el juicio, y considera que pese a que fue aconsejado por técnicos de la Concejalía, la decisión final fue del propio Fuset.

De hecho también hace referencia a sendos informes de la Inspección de Trabajo -el consistorio ya pagó una sanción de 40.000 euros- y del Invassat -un instituto dependiente de la Conselleria de Economía, gestionada por Compromís- que probarían esta tesis. Por su parte, el Ministerio fiscal señala al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario de los hechos, puesto que no propició la elaboración de estudios ni designó a nadie que se encargara de la seguridad de ese montaje.

En el auto que confirma el procesamiento del también portavoz de Compromís en el Consistorio, el titular del Juzgado de instrucción número 18 de Valencia abre la puerta, además, a un posible delito de prevaricación administrativa .

El edil habría acordado con la empresa impuesta sin concurso una especie de trueque en el que se autorizaba la explotación de un bar de titularidad municipal en las inmediaciones del parque de Viveros, lugar en el que se realizan los conciertos, a cambio de la construcción de las polémicas gradas.

El juez apuntaba la posibilidad de deducir testimonio a partir de ese indicio y abrir otra investigación paralela de esos hechos, y la Audiencia de Valencia ha respaldado esa posibilidad, aunque la Fiscalía ve improbable esa imputación .

El procesamiento de Pere Fuset llega en un momento en el que su departamento entra en una espiral frenética de actos y apariciones públicas del propio concejal, por la cercanía de las Fallas. Él mismo ha sostenido que no está procesado «por haber robado» y que la coalición cree en su inocencia y «la defiende» , respetando «las opiniones divergentes que puedan existir».

Pese a la presión, el alcalde Joan Ribó ha rechazado en todo momento destituir a su edil escudándose igualmente en que su caso «no tiene nada que ver con la corrupción» , la línea roja de Compromís. Pero además del revuelo que ha generado en los partidos de la oposición, sus socios de Gobierno del PSPV también han enseñado a Fuset la puerta de salida . El secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, recordaba que su partido sí aparta a los cargos públicos cuando son procesados y ponía como ejemplo al exalcalde de Alicante, ciudad en la que la derecha recuperó el poder después de que el primer edil fuera apartado .

Palabras que no sentaron bien en la coalición. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, pedía «un poco de lealtad» a sus socios, que contrastaba con la beligerancia con la que exigían dimisiones desde la coalición a otros partidos en el pasado.

Descartada su dimisión y la destitución por parte de Ribó -que pondría en riesgo la mayoría del Gobierno local de Compromís y PSPV en el caso de que Fuset no dejara el acta de concejal y siguiera como no adscrito- algunas voces en la coalición señalan una tercera vía como posible solución hasta que escampe el temporal. El alcalde podría retirar al edil sus competencias manteniendo su estatus pero evitando apariciones públicas y el desgaste de la marca de la coalición, a la espera de la resolución judicial.