En un comunicado, ha exigido unidad entre todas las administraciones y "evitar la confrontación y enterrar la guerra del agua", así como que la Generalitat haga un "frente común" con la Diputación y los gobiernos de Andalucía y Murcia (PP) para hacer ver al Gobierno central que "recortar los aportes del Tajo a la cuenca del Segura es una decisión errónea y muy perjudicial para Alicante y para la Comunitat Valenciana".
A su juicio, el acuerdo es una iniciativa "en defensa de las personas que viven y trabajan" en la provincia de Alicante y en el conjunto de la Comunitat Valenciana: "Va en defensa de nuestros intereses, de los recursos que necesitamos para crecer especialmente en una coyuntura complicada como la actual".
Impacto económico
Facpyme calcula que unos 106.000 empleos dependen directamente del trasvase en toda su área de influencia y cerca de 80.000 agricultores de la provincia "verían amenazada" la viabilidad de sus cultivos sin el agua que aporta esta infraestructura, además del impacto sobre sectores como el turismo.
"El agua es riqueza, es prosperidad, es además un elemento de vertebración de todo un país. La agricultura o el turismo que genera la provincia de Alicante contribuyen al crecimiento y al dinamismo de la economía española y eso repercute de forma positiva en el conjunto del Estado".
Y ha incidido en que el mantenimiento de la huerta de Alicante "es sostenibilidad ambiental , garantía de alimentos y es empleo: No podemos poner en riesgo nuestro desarrollo porque sería limitar las oportunidades de las personas".
C. Valenciana
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