Champán francés y relojes de lujo en la trama de corrupción urbanística de Valencia

Ábalos y Rubio son algo más que viejos conocidos . Los dos han liderado en el pasado el PSPV-PSOE en la capital del Turia y coincidieron como concejales del grupo socialista en la oposición a Rita Barberá .

Este fue el argumento que empleó Ábalos este jueves para mostrar su extrañeza por el hecho de que Rubio estuviera implicado en una trama de presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos a empresas cuando, en los años en los que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción enmarcan los hechos, entre 2005 y 2010 , no era más que un concejal de la bancada de la oposición y el PP gobernaba con una holgada mayoría absoluta.

«No entiendo por qué esta persona que estaba en la oposición, no acabo de entender bien la posición» , expuso Ábalos este jueves tras explicar desde Burgos que se trata de una «trama de tiempos» de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y no entiende cómo ahora «se desplaza el foco hacia una pieza accesoria», según reporta Europa Press.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) creen que el papel de Rubio habría sido justamente el del mirar hacia otro lado ante el entramado de mordidas por el que fue también detenido el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau y el empresario Jaime Febrer , al que la Guardia Civil sitúa en el epicentro de las supuestas corruptelas. Los agentes encargados del caso creen que el abogado José Luis Vera, también detenido este jueves, fue el nexo de unión entre la supuesta red corrupta y el hasta ayer subdelegado del Gobierno en Valencia cuando era concejal.

De las pesquisas llevadas a cabo por la UCO se desprende que el constructor, propietario de la extinta Construcciones Valencia Constitución (CVC), también habría aprovechado las fiestas navideñas para ganarse el favor de políticos o funcionarios hacia sus proyectos urbanísticos.

La investigación concluye, según ha avanzado este viernes «Levante-EMV» , que Febrer habría destinado 150.000 euros en regalos . Entre las dádivas se citan relojes de las marcas Hublot y Breitlin; botellas de champán Moët & Chandon o Veuve de Clicquot; bolsos, pañuelos y complementos de Loewe, Ermenegildo Zegna; o plumas de Montblanc.

Los regalos no se limitaron al Ayuntamiento de Valencia , aunque de las pesquisas se desprende que más allá de la capital del Turia la estrategia no habría dado el rédito esparado en forma de trato de favor.

Sin embargo, lo que tienen claro los investigadores es que en Valencia sí se pagaron comisiones a cambio de determinadas adjudicaciones inmobiliarias de suelo público, con el foco situado en la zona del Marítimo donde se celebraron la Copa América de vela y las carreras de Fórmula 1 .

De acuerdo con las pesquisas, podrían haber alcanzado el millón de euros en el caso de Alfonso Grau , por aquel entonces mano derecha de Rita Barberá, y 300.000 en el de Rafael Rubio , hasta este jueves subdelegado del Gobierno en Valencia.

El histórico dirigente socialista fue nombrado el pasado verano cuando ya pesaba sobre él una imputación judicial en otro caso, conocido como Imelsa , por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación.

Este jueves, Rubio fue destituido en el cargo y suspendido de militancia en el PSPV-PSOE, que le ha abierto un expediente disciplinario con el que pone fin a una carrera política que comenzó en las filas de ese partido en 1981.

Tanto Rubio como Grau están a la espera de pasar a disposición judicial en el marco de la segunda fase de la conocida como operación Azud . Una trama transversal, a juicio de los investigadores, de la que se habrían beneficiado cargos del PP y del PSPV-PSOE y que suma catorce detenidos. Dos de ellos son concejales en la provincia de Alicante. Además, hay un exalcalde y un exconcejal de municipios de la provincia de Valencia.

La causa que se investiga desde el año 2017 en el juzgado de instrucción número 13 de Valencia permanece bajo secreto de sumario y está abierta por los delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.