El juez investiga al exdirector de Turismo Valencia por los contratos para la financiación ilegal del PP

La respuesta fue que no se ha podido encontrar documentación referida a estos contratos y que desde abril de 2015 se había llevado a cabo la destrucción de documentación por dos vías al menos : mediante dos destructoras de papel adquiridas en abril de 2015 (un mes antes de los comicios) y mediante la contratación de la empresa Destrupack, para prestar sus servicios enfrente de las instalaciones de Turismo Valencia en julio de 2015.

El informe apuntaba a dos personas como responsables de ese triturado. En primer lugar, el entonces director general de Turismo Valencia, José Salinas. En segundo, la en ese momento subdirectora -y ahora subdirectora adjunta- de la fundación, Loles Edo.

También recogía testimonios de los trabajadores de Turismo Valencia, que suscribió un contrato de unos 600.000 euros con Laterne. Éstos no recordaban qué trabajos realizó la empresa para la fundación. Apuntaron, eso sí, a que las órdenes de pago de las facturas venían de José Salinas o de la subdirectora de administración y que se efectuaban cuando llegaban las facturas. Ahora, el que fuera director tendrá que declarar como imputado para dar las explicaciones pertinentes sobre estas cuestiones durante su etapa al frente en 2007 y 2008, mientras que Loles Edo ha sido llamada como testigo.

El magistrado solicita igualmente a la fundación que concrete si en la documentación que no fue destruida en las trituradoras y se trasladó a unos almacenes -un palé con once carpetas- se conservan extractos bancarios, procesos internos, facturas o información contable correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008 o relacionada en algún modo con la empresa Laterne.

En el mismo auto, el juez reclama a la delegación valenciana de FCC que identifique a la persona que ostentaba la dirección de la empresa en València en 2007. Por otra parte, pide a la empresa Avenir que facilite a la Guardia Civil una copia de los correos electrónicos y documentos asociados pertenecientes a dos usuarios durante enero y diciembre de 2015, a fin de determinar las personas o empresas que pagaron «ciertos trabajos de publicidad que se desarrollaron durante la campaña electoral de 2015 ».

Esta solicitud se produce después de la declaración en sede judicial el pasado diciembre del responsable de Avenir -dependiente a su vez de JC Decaux-, que se encargaba de las vallas publicitarias . Según fuentes conocedoras del interrogatorio, identifició a la exsecretaria del grupo del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Mari Carmen García Fuster , como la persona que se puso en contacto con ellos de cara a la campaña de 2015. La oferta propuesta consistía en 37 vallas publicitarias por 125 euros cada una, lo que habría sido un contrato de unos 4.600 euros. A raíz de estas explicaciones, el magistrado ha decidido indagar en todos los correos electrónicos entre la empresa y el Consistorio.