La exsecretaria del PP de Valencia contradice al partido y asegura que conocía la cuenta opaca

La primera en acudir a declarar ha sido la exsecretaria del grupo popular, Mari Carmen García Fuster, una de las principales investigadas en este caso. Tras expresar que únicamente iba a responder a las preguntas de su abogado, ha desmentido la versión del partido sobre el conocimiento de la supuesta cuenta opaca a la que apunta la Guardia Civil.

Según fuentes conocedoras de los interrogatorios, Fuster aseguró que la formación sabía de su existencia puesto que ella informaba de los gastos electorales y que incluso enviaba las facturas a la dirección provincial , con lo que ésta se encontraba al corriente de todos los ingresos y gastos de las campañas. Aun así, apuntó que desconoce si las hacían constar o no en la contabilidad electoral y señaló que en ningún momento se superó el techo de gasto establecido legalmente.

Estas afirmaciones contradicen a las de la administradora provincial de la candidatura popular en las elecciones municipales de 2015 y gerente del partido, Montserrat Tello, quien también ha declarado este lunes. Durante su intervención, ha seguido la línea marcada por el representante legal de la formación, Jorge Carbó, el pasado mayo, en la pieza del presunto blanqueo de capitales, evidenciando el enfrentamiento que existe entre el grupo municipal y el partido tras las imputaciones.

En ese momento, Carbó aseguró que el PP no tenía ninguna competencia sobre las cuentas de los grupos municipales y remarcó que desconocía las aportaciones de los investigados a través de las que, supuestamente, se blanqueó el dinero. Hoy, la gerente del partido también ha negado que éste tuviera conocimiento de esa cuenta opaca ni directa ni indirectamente y, por lo tanto, de que hubiera gastos electorales por parte del grupo municipal que les trasladaran.

El blanqueo y la financiación irregular se encuentran relacionados, según el magistrado, en la medida en que el segundo sería el precedente instrumental necesario (recaudación y afloramiento del dinero negro) para la presunta comisión del segundo. Ambos asuntos se instruyen, por lo tanto, juntos, aunque pudieran acabar en piezas separadas.

Para establecer esta conclusión, además del informe de la Guardia Civil en el que atribuía «delito electoral continuado» al PP de Valencia por los gastos de las campañas, resultó clave la anterior declaración judicial de García Fuster.

En ella se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. El juez consideró «significativo» el silencio de García Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.

Según el último autor del magistrado, se desprenden indicios de que, a través de la cuenta opaca del banco Sabadell (carente de fiscalización), se efectuaron pagos para las campañas de 2011 y 2015, cometiendo una infracción tanto de la ley de financiación de partidos como de régimen electoral.

El delito electoral, aprecia el juez, fue continuado, al igual que concluyó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aun así, no puede imputar al PP como persona jurídica, por lo que en primera instancia recae sobre García Fuster (por gestionar la cuenta opaca) como cooperadora necesaria y sobre Tello por ser quien recoge la ley, como administradora de las candidaturas, la encargada de las cuentas.

Igualmente, también requirió al partido para que identificara a los integrantes del Comité Ejecutivo del PP en Valencia en las dos campañas electorales, que según la Guardia Civil «difícilmente podían desconocer la situación» de la financiación irregular.