Un empresario admite aportaciones a la empresa que habría financiado ilegalmente al PP de Valencia

Las comparecencias se enmarcan en la subpieza del caso Taula que indaga en la financiación del PP de Valencia para los comicios de 2007 y que trata de determinar un presunto delito electoral continuado que también se habría producido en los siguientes comicios de 2011 y 2015 (en los que igualmente venció Rita Barberá). A su vez, tendría relación directa con el supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal por el que medio centenar de concejales y asesores se encuentran imputados al haber realizado donaciones de mil euros para las campañas que les habrían sido devueltas en dos billetes de 500.

El último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juzgado arroja como principal conclusión que el PP recibió dinero de forma ilegal para la campaña de 2007 con Alfonso Grau y el administrador de la empresa de comunicación Laterne, Vicente Sáez Tormo -fallecido-, como responsables claves.

Esta mecánica se habría llevado a cabo a través de contratos suscritos con Laterne , la cual habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones que sufragaran la campaña ya desde 2006. El coste oficial de los gastos era de 150.000 euros, mientras en los escritos de la propia empresa el total aumenta hasta los casi tres millones de euros.

Varios de los responsables de estas compañías que fueron adjudicatarias de servicios y obras por parte del Ayuntamiento de Valencia han declarado este viernes como testigos ante el juez. Uno de ellos, el representante de Sociedad de Agricultores de la Vega, ha admitido, según fuentes conocedoras del interrogatorio, una aportación de medio millón de euros «a fondo perdido» -y por la que nunca pidió justificación- para la constitución de Product Management Council S.L. (PMC), una de las empresas pantalla que se habría utilizado para sufragar la campaña electoral.

Sin embargo, ha asegurado que realizó esta donación para una sociedad que, a su juicio, debía dedicarse al fomento de la ciudad y ha negado que se produjeran reuniones con cargos del Ayuntamiento -como con Alfonso Grau- o participación de ellos durante las negociaciones.

Ni él ni el resto de empresarios que han acudido este viernes a declarar -como los directivos de Secopsa y Pavasal- han aportado, según las mismas fuentes, justificantes de los pagos o los han documentado desde un punto de vista comercial.

En el caso del representante de Secopsa, se ha escudado en que era su padre -ya fallecido- quien dirigía la empresa en la época en la que se investiga y ha asegurado desconocer cualquier tipo de pago a Laterne, por lo que no ha entregado ninguna documentación. Por su parte, el de Pavasal también ha derivado la supuesta responsabilidad en su padre y en su tío .

Durante esta jornada no ha comparecido el directivo de Lubasa, quien ha señalado que no ha recibido la citación y ésta ha sido trasladada a la próxima semana.

Tras el informe de la UCO que apuntaba a esta mecánica y señalaba a los responsables, el juez realizó en su último auto una diferenciación entre aquellas personas que pueden ser citadas como investigadas y aquellas que no -pese a la sospecha de implicación en toda esta trama- por diferentes motivos, entre ellos la prescripción de los delitos .

Se trata precisamente del caso de los empresarios, a quienes se podría imputar un delito de cohecho, pero la responsabilidad penal -multa y suspensión- está prescrita al ser hechos de 2007.