Caso Taula
Alfonso Rus niega ante el juez que diera órdenes para colocar a «zombies» en Ciegsa
El expresidente de la Diputación de Valencia afirma que «todos le consultaban» pero que «no tenía poder»
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Iniciar sesiónEl expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha negado este jueves ante el juez del caso Taula que ordenara la colocación de trabajadores en la empresa pública Ciegsa, encargada de la construcción de centros educativos en la Comunidad.
La declaración, que ... ha durado alrededor de dos horas, se enmarca en una de las múltiples piezas separadas de la macrocausa. Concretamente, la relacionada con la contratación de «zombies» (personas que cobraban sin acudir a su puesto de trabajo) en esta compañía. Rus, el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el actual alcalde de la Llosa de Ranes además de diputado provincial del PP, Evarist Aznar (que también habían sido citados hoy a declarar), se encuentran como investigados por tráfico de influencias, malversación y fraude.
El magistrado sostiene que las contrataciones irregulares vendrían dadas por el poder que tanto Rus como Caturla tenían en el partido, al ser presidente y vicepresidente respectivamente. Sin embargo, el expresidente de la Diputación ha basado su defensa justo en lo contrario, afirmando que no contaba con influencia suficiente como para dar este tipo de mandato al ostentar sólo un cargo. «Yo no era nadie» , ha sostenido, según fuentes conocedoras de la comparecencia.
Respecto a las grabaciones telefónicas en las que se le escucha hablando del personal en Ciegsa, ha repetido en varias ocasiones que parecía «el consultorio de Elena Francis»: « Todos me consultaban, pero yo ni mandaba ni hacía nada en Ciegsa porque era un organismo que dependía de la Generalitat». Además, ha asegurado que ni siquiera conocía a la mayoría de personas por las que le han preguntado los interrogadores.
Rus también ha tratado de aportar documentación sobre su gestión en la Diputación durante los ocho años en los que estuvo al frente entre 2007 y 2015. Aunque el juez no se la ha admitido, con ella pretendía demostrar que logró reducir los gastos de personal en 91 millones de euros.
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