Caso Taula: abren juicio contra Alfonso Rus por la trama del 'call center' en la Diputación de Valencia

La resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, señala como órgano competente para el enjuiciamiento de esta causa a la Audiencia Provincial de Valencia.

A la vista del escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal, la instructora tiene por dirigida dicha acusación contra Rus como presunto autor de delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción pide para él ocho años de cárcel .

En el caso del que fuera gerente de Imelsa, Marcos Benavent, los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado, por lo que solicita cuatro años y medio de prisión.

Además, la causa se dirige contra otros seis acusados –bien como autores directos o como cooperadores necesarios– por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria.

Se trata de dos funcionarios de la Diputación –que establecieron las puntuaciones para la adjudicación–, dos empresarios –uno de ellos administrador de la adjudicataria– y la esposa y la cuñada de uno de ellos. Entre ellos está el suegro de Benavent, Mariano López, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.

Además, la jueza requiere a seis de los encausados –entre ellos Rus y Benavent– para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que en su día pudieran declararse procedentes.

Es el segundo proceso que se abre en pocos días para Rus y Benavent después de la apertura del juicio por las piezas B y F de la misma causa por los 'zombies' , empleados que cobraban pero no acudían a trabajar, de las empresas públicas Imelsa –la actual Divalterra– y Ciegsa –creada por la Generalitat para la construcción de colegios–, en la que también está procesado el exsubdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio.

Los hechos se remontan a mayo de 2013 , cuando Imelsa, compañía de la Diputación de Valencia, adjudicó a Servimun SL el contrato para la prestación de servicios a través de un centro de atención multicanal –telefónica y telemática– a los contribuyentes de los municipios que delegaban en la corporación provincial la gestión y recaudación tributaria.

De acuerdo con la información recabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la adjudicataria percibió de Imelsa entre agosto de 2013 y enero de 2016 un total de 930.000 euros por este contrato .

En su declaración ante la Guardia Civil en junio de 2015, según consta en el auto de procesamiento, Marcos Benavent aseguró que a través de Imelsa se adjudicó «a dedo» –posteriormente aclaró que de forma «amañada»– el 'call center' a Servimun y que fue su exsuegro el que actuó de intermediario con Rus, para lo que se valieron de un funcionario destinado en la empresa pública quien articuló el procedimiento para posibilitar esa adjudicación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 considera que pudo existir «un propósito deliberado de adjudicar un contrato para la prestación del servicio no a la mejor oferta, sino a una determinada y decidida de antemano , con conciencia tanto de favorecimiento arbitrario como del riesgo de desviar y malgastar los recursos públicos».

Esta conclusión, según ese auto de procesamiento fechado en marzo de 2021, se fundamenta entre otros motivos en la «relación de vecindad y amistad» entre uno de los funcionarios encausados, Salvador D. I., y el empresario José Mariano L. S., que era a su vez el exsuegro de Marcos Benavent y tenía un «conocimiento estrecho» de Alfonso Rus.

José Mariano L. S. percibió unos 150.000 euros de Servimun SL a través de una sociedad mercantil, Técnicas Legales Administrativas (TLA), sin actividad y administrada por su cuñada.

El juez considera «evidente» que si el administrador de Servimun SL, Fernando José P. Z., pagó tal cantidad al anterior es porque este «algún favor le debía» en relación con el contrato , «muy probablemente por actuar de conseguidor» ante el entonces presidente de la Diputación o Salvador D. I.

De hecho, el juez detalla que la adjudicataria optó al concurso anunciando una serie de mejoras cualitativas por las que recibió más puntos aunque luego no llegó a materializarlas.

Por ejemplo, expone que el servicio desde el inicio y durante toda la duración del contrato fue realizado por no más de ocho agentes operadores; el horario se fue reduciendo progresivamente; la prestación durante las mañanas del sábado solo se llevó a cabo durante el primer mes y nunca se implantó un soporte técnico permanente de ingeniero de telecomunicaciones sino que todo el soporte técnico corrió a cargo de personal de Imelsa, entre otros imcumplimientos.

Un informe del Servicio Jurídico de Divalterra reflejó que de las 990.000 intervenciones telefónicas ofertadas por Servimun para prestar el servicio de 'Call Center' se recibieron únicamente 264.847 llamadas de las que únicamente 169.175 llamadas se atendieron y 95.665 no fueron atendidas.