Imputan a dos alcaldes del PSPV que aspiran a la reelección el 26-M y a un candidato de Compromís

En una querella de la Fiscalía incluida en el sumario del caso Alquería, Anticorrupción acusa al PSPV-PSOE y Compromís de crear un gobierno paralelo para enchufar a afines en la Diputación de Valencia con un presupuesto de dos millones de euros.

Entre estos «enchufados» figuran los candidatos a las elecciones de ambos partidos que pasan a estar en condición de imputados.

En un auto al que ha tenido acceso ABC , el magistrado que investiga los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en la empresa pública de la Diputación de Valencia Divalterra cita a declarar como imputados a un total de nueve exdirectivos de la compañía en la etapa en la que se produjeron las presuntas contrataciones irrregulares por las que está abierta la causa. Las comparecencias tendrán lugar una vez transcurridos los comicios locales a los que concurren tres de los imputados.

En concreto, Pau Pérez Lledó, José Luis Melero Martí, María Soledad Torija Urbano y Raúl Ibáñez Fos están citados para el 3 de junio. Cuatro días después comparecerán ante el juez Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenia, Víctor Jiménez y Lucas Ferrando -secretario comarcal del PSPV en la comarca de la Hoya de Buñol-.

El llamado caso Alquería generó una de las principales crisis en el seno de Compromís y, especialmente, en el PSPV-PSOE durante la pasada legislatura tras la detención del entonces presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. El todavía alcalde de Ontinyent era hasta la fecha el único investigado en la causa junto a otros cinco cargos de su máxima confianza.

Jorge Rodríguez ya no milita en el PSPV-PSOE y concurrirá a las elecciones municipales del próximo mes de mayo como candidato a la reelección con otras siglas de un partido independiente.

La UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de las siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.Los contratos de alta dirección se realizaron sin los preceptivos informes jurídicos ni financieros y, según la declaración de testigos, por indicación de Presidencia o asesores cercanos.

En la querella formulada por Fiscalía Anticorrupción que figura en el sumario, al que tuvo acceso ABC , se apuntaba a una actuación «arbitraria y caprichosa» en la contratación de directivos de la cual tenían conocimiento los querellados «de forma incuestionable». En este sentido, hace hincapié en los «artificios» buscados para tratar de amparar unas contrataciones «que responden al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente».