El cargo del PSPV que dimitió por cargar gin tonics como dietas cobró 21.696 euros por su «despido»

Un informe de un auditor interno de Divalterra --la entidad que sustituyó a Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia inmersa en una investigación judicial por causas relacionadas con la corrupción-- advirtiço de presuntas irregularidades en la actual gestión del ente. En concreto, cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas (entre ellas gin tonics) como dietas.

"Después de vender a la opinión pública que el señor Sahuquillo dimitía por honorabilidad y para no perjudicar más a Jorge Rodríguez -presidente de la Diputación-, nos encontramos con que no se ha producido tal dimisión y que se ha procedido a un despido altamente remunerado", ha denunciado Contelles en un comunicado.

La portavoz popular ha manifestado que se ha intentado "confundir interesadamente" a la opinión pública, intentando "revestir de honestidad" la salida de Sahuquillo para tapar "su desastrosa gestión" de Divalterra (antigua Imelsa).

"La supuesta carta de dimisión del exgerente no ha sido más que otro paripé y finalmente se ha procedido a despedirlo para beneficiarle económicamente con una indemnización mucho mayor a lo que le correspondería si realmente hubiera dimitido", ha lamentado.

Contelles ha afirmado que "los 21.969 euros" que ha abonado la empresa pública para el despido de Sahuquillo son una gratificación económica "a su mala gestión" y "deja en entredicho" al presidente de la Diputación.

Para el PP, el despido supone un reconocimiento de "la mala praxis" del exgerente y el "fracaso" del modelo de gestión de Divalterra, que en 18 meses "ha apartado de la gestión" a dos gerentes y un jefe jurídico, y la actual gerente de Compromís ha sido acusada públicamente por la consejera de EU de "querer apartarla" del Consejo de Administración.

Contelles ha agregado que desde la Diputación se sigue sin explicar por qué se paralizó "in extremis" un contrato de 600.000 euros con criterios de adjudicación subjetivos y "se niegan" a entregar a la oposición los trabajos contratados a la abogada vinculada al ex jefe de gabinete José Manuel Orengo, también investigado judicialmente.

La portavoz del PP ha criticado que las "desavenencias" entre el PSPV y Compromís están perjudicando a Divalterra, "a los 700 trabajadores y sus familias que viven con incertidumbre los bandazos de la gestión y su incapacidad para consensuar un modelo de gerencia", ha asegurado.