El TSJ avala un PAI de 4.000 casas en Villalonga y rechaza el recurso del Gobierno

EFEVALENCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso presentado por la Delegación del Gobiernocontra la tramitación del Plan de Actuación Integrada

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VALENCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso presentado por la Delegación del Gobierno

contra la tramitación del Plan de Actuación Integrada (PAI) proyectado en el municipio de Villalonga (Valencia), según informó ayer su alcalde, el popular Juan Ros.

En su resolución, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal valenciano levanta además la «suspensión cautelar» de la tramitación del concierto previo del proyecto urbanístico y «da vía libre» al proceso, aseguró el alcalde de Villalonga.

El PAI, que promueve la empresa Urbacón Levante, S.L. en la partida del Pla de la Font de Villalonga, pretende la construcción de 4.000 viviendas y un campo de golf.

La Delegación del Gobierno interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el proyecto ya que aseguraba que presentaba una serie de «deficiencias» en cuanto a su tramitación, y carecía de los permisos pertinentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los terrenos afectados por el planeamiento urbanístico están calificados como «suelo no urbanizable común agrícola».

Concierto previo

La Generalitat pidió al municipio la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar su visto bueno al proyecto, y el Consistorio de Villalonga redactó un informe de «concierto previo», que marcaba las líneas de redacción del nuevo PGOU y recogía el PAI, y consideró superado el trámite establecido por la Generalitat.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana entendió que estos trámites no daban respuesta a sus alegaciones y recurrió esta medida. En su escrito, además, pidió a la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJCV la suspensión cautelar del acta y tramitación del plan por deficiencias en el mismo.

En anteriores ocasiones, el Alto Tribunal se ha pronunciado a favor de las tesis mantenidas por la Delegación de Gobierno. El caso más reciente es el del PAI de Porxinos, cuya aprobación anuló el TSJ por entender que de los informes aportados no se desprendía que el abastecimiento de agua quedara garantizado.