Asociaciones subvencionadas, sociedad amaestrada

POR: CARLOS FLORES JUBERÍAS (Profesor de Derecho Constitucional)
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NO sé si alguien con más memoria que yo llevará la cuenta de en cuántas ocasiones las páginas de éste y otros diarios se han hecho eco de las escandalosas cacicadas perpetradas por nuestras diferentes administraciones a la hora de repartir -como diría Josep Pla: entre «amics, coneguts i saludats»- las jugosísimas subvenciones de que disponen en sus siempre generosos presupuestos.

Aunque es cuestión en la que me temo que no caben muchas distinciones entre socialistas y populares, ni entre gobiernos locales, autonómicos y centrales, a pocos se les habrá borrado de la mente la sonrojante inclinación por barrer para casa cuando de repartir dinero se trata de elementos como la inefable Bibiana Aído -cuyo Ministerio no parece servir a otro propósito que el de suministrar combustible al feminismo más radical, para luego trasladar su agenda al Boletín Oficial del Estado-; o el no menos inefable Diego López Garrido, en cuya opinión nadie mejor que la fundación de la que él había sido patrono hasta la víspera de su nombramiento para evaluar su futura gestión al frente de nuestras relaciones con Europa.

Sin duda alguna, esta práctica de pagar a los amigos para que hablen bien de uno dista mucho de ser novedosa. Más aun: incluso estaría dispuesto a reconocer que si nuestros gobernantes hubiesen renunciado a ella ya en un pasado remoto la humanidad se habría visto privada de no pocas obras maestras de la literatura, la música o la pintura -obra de genios, sí, pero de genios tan paniaguados como la caterva de cortesanos que hoy pululan en torno a todas las aídos de nuestro panorama político-. El problema radica en la insalvable contradicción que entraña el que todo este diluvio de dinero público que cada año cae como agua de mayo sobre nuestras fundaciones, asociaciones y demás -y, por qué no decirlo: también sobre nuestros partidos y nuestros sindicatos, siempre con el cacillo preparado- se reparta con la largueza y la parcialidad que todos conocemos, al mismo tiempo que pomposamente se proclama la necesidad de que las instituciones políticas sean permeables a las demandas de la sociedad civil, escuchen lo que ésta tiene que decirles y se hagan eco de sus inquietudes a la hora de diseñar sus políticas.

Una sociedad subvencionada desde el poder es una sociedad amaestrada por el poder, y en ese contexto, la exigencia -insoslayable en una democracia- de que el poder escuche a la sociedad, se convierte aquí en un insufrible ejercicio de cinismo. Y es que entre nosotros, rara vez es la sociedad civil la que plantea sus exigencias al poder: es más bien éste el que, repartiendo alpiste entre unos y volviendo la espalda a otros, da pábulo a las reivindicaciones que desea promover y minimiza las que se desvían de su agenda, para después legislar como mejor le viene en gana mientras exhibe la coartada de estar dando pronta respuesta a una vibrante demanda social. Mientras nuestro país no disponga de un tejido asociativo insobornablemente independiente del poder y de los partidos que lo ostentan o lo pretenden, plural, activo, crítico y -en consecuencia- sostenido en cada caso por quienes genuinamente crean en lo que cada uno de sus componentes reivindique -vaya: mientras España no tenga una sociedad civil digna de ese nombre-las cosas nos seguiran yendo como hasta ahora: con una clase política que no contenta con gobernarnos, también pretende dictarnos qué debemos esperar de ella.