Asociaciones de padres saldrán a la calle contra el decreto de plurilingüismo valenciano

"No nos dejan otra salida que la calle", ha manifestado el presidente de la FAPA, Ramón López, y ha apuntado que se podría movilizar a los padres para finales de septiembre o principios de octubre "para la defensa para que las familias puedan elegir lengua vehicular".

Tras reunirse con el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez , el presidente de la Gabriel Miró ha opinado que el decreto-ley conculca ese derecho fundamental y ha anunciado que en el marco de la Plataforma Por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, que conforman junto a Covapa y la asociación Idioma y Educación, "seguir luchando para que en las escuelas entre no solo el aire del otoño, sino también el aire de la libertad".

Aunque ha señalado que no se ha adoptado una decisión concreta sobre posibles movilizaciones, sí ha indicado que se estudia instar a la fiscalía para que "actúe de oficio", así como solicitar el amparo del Tribunal Constitucional.

"Y de estar en la calle junto a las familias para defender, algo tan importante como es el derecho a elegir la lengua vehicular. No queremos elegir, como algunos tratan de decir para ridiculizarnos, si se da matemáticas o se da ciencias sociales; eso tenemos asumido que es una labor del Gobierno a nivel nacional y la parte proporcional de la Comunitat ", ha subrayado López.

Sin embargo, ha entendido que a sus hijos les será "más fácil aprender o llevar a cabo el currículum si se les indica en la lengua materna". Y ha precisado que no es "para nada, un ataque al valenciano. Nos sentimos muy orgullosos de ser valencianos y de vivir en una comunidad donde tenemos dos lenguas oficiales , que es una riqueza cultural".

"Tampoco es coartar la posibilidad a nuestros hijos de conocer más idiomas. Ojalá el sistema público fuera capaz de tener alumnos con posibilidad de saber castellano, valenciano, inglés e incluso el chino tan famoso", ha afirmado.

Por su parte la presidenta autonómica de padres de centros concertados, Julia Llopis, ha denunciado el "desamparo" que han sentido ante el decreto-ley que "se ha sacado de la manga la Conselleria" y con él que se están "riendo de las familias" al "no acatar", a su juicio, la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

" Nos sentimos desamparados porque no podemos recurrir", ha advertido y ha dicho que "nadie" puede "quitar ni negar" a las familias elegir la lengua en las aulas y ha opinado: "usar armas legales como ha hecho el conseller Vicent Marzà y el secretario autonómico nos parece que nos ha ninguneado y vamos a ir a fiscalía y al constitucional, donde haga falta".

Asimismo, ha recordado que el viernes su organización a nivel nacional pidió explicaciones al Ministerio de Educación por el decreto-ley. Además, Julia Llopis ha agregado: " no es normal que muchos profesores no hayan podido acceder a su plaza por no tener la titulación y está vacante la plaza y se están trayendo docentes de otras comunidades".

Por su parte, el presidente provincial, el 'popular' César Sánchez , ha manifestado que la Diputación seguirá "defendiendo el interés público" y los "derechos fundamentales" de los alumnos de la provincia.

" Vamos a seguir trabajando jurídicamente para que se ejecute la suspensión cautelar del decreto , mal llamado, de plurilingüismo de la Comunitat", ha expuesto y ha indicado, sobre el nuevo decreto-ley, que se estudia jurídicamente "lo que es: una burla al TSJCV y el Consell se erige en sustituto del tribunal superior al interpretar las leyes".

Ha insistido en que se deben "respetar" las dos lenguas oficiales y "al mismo tiempo se tiene que respetar la libertad de los padres. No se puede usar lengua para oprimir a otra". Ha asegurado que había "un consenso" con la ley d'Ús i Ensenyament del Valencià en la sociedad y en la comunidad educativa que "respetaba la pluralidad de territorios".

"El decreto-ley intenta atentar contra esa pluralidad y no entender que la Comunitat es heterogénea, diversa y que tenemos que respetar desde las administraciones", ha señalado.

Ha advertido que la Diputación buscará la fórmula para "paralizar" el nuevo decreto-ley y que "suspenda cautelarmente como dice el TSJCV, son las competencias que tengo como presidente de la Diputación", ha agregado y ha sostenido: "agotaré todas las vías judiciales para que se respete la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos".