El asesinato por sicarios del alcalde de Polop, a juicio 12 años después

En este municipio de 4.000 habitantes, entre ellos muchos europeos que fijaron su residencia en esta zona en busca de sol y tranquilidad, se recordará siempre esta tragedia más propia de otras latitudes donde están habituados a las tensiones y los ajustes de cuentas.

La vista con jurado popular se prolongará previsiblemente hasta el 30 de enero, según han confirmado este sábado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además del exalcalde Cano, se ha investigado la implicación de un empresario local, los tres hombres considerados supuestos autores materiales del crimen, así como el propietario y el gerente de un club de alterne donde presuntamente se planeó la ejecución.

La Fiscalía solicita provisionalmente una pena de 25 años de cárcel para el político como presunto inductor, tambiién para el empresario Salvador Ros, y los responsables del establecimiento Mesalina, ubicado en la vecina población alicantina de Finestrat, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto.

Y eleva a 27 años de prisión su petición para los tres presuntos culpables materiales, Radim Rakowski y Robert Franek, ambos de nacionalidad checa, y Rafael Montero Trevejo, además de por el delito de asesinato en concurso con el de atentado, común a los siete procesados, al atribuirles otro delito de tenencia ilícita de armas.

Su víctima falleció el 27 de octubre de 2007 en el Hospital General de Alicante, días después de que le dispararan en la puerta de su casa.

Las sesiones del juicio comenzarán el día 13 de enero con la constitución del jurado y la declaración de uno de los acusados. Para el día 15 se prevé la declaración de Cano y para el día siguiente se ha programado el inicio de las testificales entre las que estarán la del testigo protegido y las dos hijas de Alejandro Ponsoda.

Para el día 29 se ha previsto las audiciones de las intervenciones telefónicas practicadas, mientras que el último día, el 30 de enero, se prevé la entrega del objeto del veredicto al jurado para su deliberación.

« Alejandro no vale nada más que para ir a misa, no vale para dar un puñetazo en la mesa, no llegará a Navidades », fue la afirmación del entonces concejal de Urbanismo, que posteriormente sucedió a la víctima como alcalde y también pasó ocho meses en prisión preventiva cuando se descubrieron indicios de su posible implicación en la muerte, a raíz de una grabación.

Al parecer, ambos políticos tenían una visión muy diferente sobre la gestión y desarrollo urbanísticos de Polop y esta división se agudizó hasta el extremo de que se urdiera el crimen, según las tesis de los investigadores.