«Aprendices» de Estepona

POR D. MARTÍNEZALICANTE. Las cosas no han llegado tan lejos como en la Costa del Sol, pero en la provincia de Alicante existe un buen número de municipios cuyas planificaciones urbanísticas han

POR D. MARTÍNEZ. ALICANTE
Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Las cosas no han llegado tan lejos como en la Costa del Sol, pero en la provincia de Alicante existe un buen número de municipios cuyas planificaciones urbanísticas han terminado en los juzgados. En la mayoría de ocasiones, en forma de contenciosos administrativos, aunque más de un alcalde ha desfilado por la Fiscalía.

La situación se ha reproducido en la última década de forma especialmente llamativa en las comarcas de las Marinas, en el área de influencia de Benidorm. El patrón, en todos los casos, parece «calcado» del caso de Estepona -cuyo alcalde acaba de ser detenido por supuesta corrupción urbanística-, con la salvedad de las intervenciones judiciales: un pequeño municipio cerca de la costa que trata de crecer a ritmos acelerados.

El urbanismo descontrolado, no obstante, llegó primero al sur de la provincia. La cercanía de Torrevieja sirvió de reclamo para que varias localidades se expandieran a base de planes parciales -o incluso sin ellos-, en la mayoría de casos ocupando suelo no urbanizable.

Rojales y Catral, ambas próximas a la localidad salinera, son dos buenos ejemplos. El urbanismo rojaleño, bajo el mandato del ex alcalde socialista Antonio Pérez, floreció a golpe de urbanizaciones residenciales destinadas a compradores europeos. Los mismos que terminaron por formar un partido político -ahora en un gobierno de coalición con el PP- al descubrir que sus viales no estaban asfaltados, o que no tenían suministro de agua y luz.

En un parque natural

Así sucedió también en Catral, donde se construyeron 1.200 viviendas irregulares sin los permisos necesarios, que ahora trata de legalizar la Conselleria de Medio Ambiente. El ex alcalde José Manuel Rodríguez Leal, expulsado del PSOE, está imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Algunos «constructores» -muchos agricultores cambiaron de oficio- han afirmado ante la juez que pagaron de más por las licencias.

Las Marinas se subieron al carro del urbanismo la pasada legislatura. Parcent, gobernada entonces por el PP, pretendía aprobar tres PAI que sumaban 1.800 viviendas -lo que multiplicaba por seis su población de 1.000 habitantes-. Los tres fueron suspendidos por el TSJ tras las denuncias de los vecinos.

No muy lejos, en la Vall de Laguart, el socialista Juan José Puchol se encontró con que, también tras las denuncias vecinales, el TSJ suspendía parte de su Plan General y un PAI sobre suelo no urbanizable.

Con todo, el caso más llamativo se encuentra en Orxeta. El alcalde del PSOE y todos los concejales del Ayuntamiento se benefician de las recalificaciones previstas en el PGOU, que convertía en urbanizables dos millones de metros cuadrados -700.000 de ellos para un campo de golf-. A las sospechas por los beneficios, admitidos por el alcalde, se acaba de sumar una denuncia por tráfico de influencias: el hermano del concejal de Urbanismo compró una parcela justo antes de que se recalificase.