Cae una red con mil toneladas de jamones caducados devueltos por los supermercados listos para vender

De acuerdo con fuentes de la Benemérita, el pasado mes de junio la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la Conselleria, de la localización por parte de inspectores de Sanidad de una empresa clandestina dedicada a la distribución de productos cárnicos insalubres.

La Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana notificó una alerta alimentaria el pasado 18 de junio que afectaba a ocho marcas de fiambres que recomendaba no consumir .

La Conselleria de Sanidad inmovilizó entonces un total de 490,6 toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, chorizo, salami y salchichón y suspendió la actividad de cinco empresas de la Comunitat Valenciana.

Los supermercados que habían adquirido estos productos para su distribución forman parte de la causa «en calidad de perjudicados».

En el contexto de la red desmantelada ahora por la Guardia Civil, los inspectores veterinarios del departamento de Salud de La Ribera levantaron acta por carencias documentales así como el incumplimiento de las medidas de salubridad e higiene. Una vez conocidos los hechos por los agentes del Equipo de Policía Judicial de Carlet y miembros del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, se procedió de forma coordinada con personal de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana al inicio de la operación.

La fase de explotación de esta operación culminó con la detención de seis personas y la investigación de otras ocho, todas ellas de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 25 y 60 años. A la banda se les atribuyen los delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.

Los miembros de la organización, que pertenecían a varias empresas que formaban parte del entramado , se dedicaban a introducir en el mercado alimentos en malas condiciones y en diversos formatos. Para ello, explica la Guardia Civil, no dudaban en utilizar marcas comerciales de otras empresas con el objetivo de dar salida a estos productos.

De acuerdo con las mismas fuentes, los presuntos autores de esta trama «perseguían reducir costes y maximizar beneficios» . Por un lado, evitaban el desembolso a la hora de destruir los productos caducados o en malas condiciones. Además, «conseguían nuevos ingresos con la manipulación de las fechas de caducidad de las piezas enteras o bien loncheando los productos e introduciéndolos otra vez en el mercado a un precio muy competitivo».

Los agentes han realizado tres registros y más de treinta inspecciones en empresas de las localidades valencianas de Alzira y Algemesí, así como en la localidad madrileña de Alcobendas. En tota se han inmovilizado más de 1.000 toneladas de productos cárnicos en mal estado. El valor de la mercancía confiscada alcanzaría los cinco millones de euros. Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de primera instancia número tres de la localidad valenciana de Alzira.