El alcalde valenciano que no espera a la ley de abolición de la prostitución para multar a los puteros

Una discusión política que también se ha trasladado a la Comunidad Valenciana, donde se estima que entre 10.000 y 13.000 mujeres están en situación de prostitución , mientras uno de cada cinco hombres mayores de edad admite que ha pagado por sexo alguna vez en su vida, según un estudio de la Generalitat.

Compromís pide que se separen los casos de trata y explotación de los de las trabajadoras sexuales que se dedican libremente a ello, para las que solicita derechos. Por su parte, los socialistas de Ximo Puig entienden que cualquier forma de prostitución debería ser abolida. El punto intermedio parece haberse encontrado en la ciudad de Valencia, donde los mismos socios de Gobierno han pactado cargar contra los puteros y ofrecer ayuda a las víctimas.

En ese cruce de argumentos, uno de los casos prácticos cuyos resultados se analizarán será el de uno de los municipios pioneros a nivel nacional en la lucha contra la prostitución. La localidad de Albal aprobó, en septiembre del año pasado, modificar su ordenanza de convivencia para endurecer el castigo hacia los puteros y liberar a las mujeres prostituidas de cualquier sanción.

El asesinato de la joven Florina, desaparecida en el municipio en 2021, hizo reaccionar al consistorio del municipio ante un suceso que no era la primera vez que consternaba a sus alrededor de 16.600 vecinos. En 2004, otra joven, Ivana, había aparecido muerta con un disparo en el pecho en el mismo lugar. Sus asesinatos eran, en palabras del alcalde de Albal, Ramón Marí (PSPV), «una amenaza para la democracia» .

Por ello, desde la corporación municipal y por unanimidad -un consenso que se antoja difícil a nivel nacional-, decidieron poner coto a las zonas periféricas e industriales en las que se produce habitualmente el intercambio de sexo por dinero, en su mayoría en vehículos y con mujeres de nacionalidad extranjera.

El Ayuntamiento aprobó incrementar las multas a los puteros y los proxenetas hasta los 800 euros y eximir a las víctimas de explotación, a las que también se castigaba hasta ese momento en la normativa. Ahora, tras varios meses en vigor, han doblado su apuesta, con una nueva reforma: según la gravedad de los hechos, la cuantía que deberán abonar los infractores podría aumentar hasta los 3.000 euros .

De esta forma, se alinea con la propuesta que la Conselleria de Justicia -dirigida por la socialista Gabriela bravo- está promoviendo entre los municipios. Además, el departamento autonómico quiere modificar la ley valenciana de Espectáculos para sancionar con hasta 30.000 euros a los locales en los que se ejerza la prostitución.

Del mismo modo, Albal prohibió divulgar publicidad que fomente la explotación sexual - las tarjetas que se colocan en los coches , por ejemplo- y lo castiga con 350 euros.

Hasta la fecha, la pionera localidad suma ya 28 multas a puteros . En solo un mes, entre febrero y marzo, se sancionó a cinco hombres tras un refuerzo de la vigilancia policial en los «puntos negros». De hecho, en el primer expediente sancionador por consumo de servicios sexuales en la vía pública que se abrió, fue el propio putero el que se delató: quiso denunciar a la mujer prostituida ante la Policía Local porque le había cobrado treinta euros sin satisfacer sus necesidades.

«Estamos liderando la lucha contra la trata de mujeres, de niñas y en el combate por la erradicación de la violencia de género con resultados muy lentos, pero sin desfallecer », explicaba entonces el primer edil. Avances que empiezan a dar sus frutos a pequeña escala. Ahora, la pelota está en el tejado de la Cámara Baja.