Las administraciones recurren a viviendas prefabricadas para terminar con los asentamientos de inmigrantes

Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento acuerdan aparcar las discrepancias y colaborar para solucionar el problema de los extranjeros que viven en el río Turia

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LUZ DERQUI

VALENCIA. Generalitat, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno decidieron ayer aparcar los enfrentamiento que han mantenido en las últimas semanas a cuenta de los inmigrantes y «por interés general» colaborar en atajar el conflicto de los extranjeros que viven debajo del puente de Ademuz en Valencia, el 70 por ciento de los cuales son legales y trabajan en el campo.

La solución la encontraron en la experiencia llevada a cabo en localidades como Requena y Utiel, donde los inmigrantes que acuden a la vendimia son acogidos en casas prefabricadas. Ayer, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé; la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y la concejala de Progreso Humano del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, analizaron la situación y decidieron que esta sería una buena iniciativa para acoger no sólo a los inmigrantes de la ciudad de Valencia, sino también para prevenir situaciones similares que puedan producirse en otros lugares de la Comunidad. De momento, se convocará a las diferentes asociaciones agrarias para que, en colaboración con la Conselleria de Agricultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se cree un grupo de trabajo que estudie la propuesta y los lugares donde se podrían instalar estos barracones, ya que deben estar en el entorno de los lugares donde los inmigrantes acuden a trabajar y dependerá del calendario de las campañas agrícolas.

Para la consellera de Bienestar Social, los inmigrantes están «por encima de cualquier interés partidista», por lo que «independientemente de las divergencias de opinión, nosotros tenemos que trabajar para que quienes vienen de fuera tengan la máxima integración y puedan convivir en paz». No tiene sentido, añadió, que en pleno siglo XXI haya personas viviendo debajo de un puente. Por ello recordó que se está trabajando a través de las ONG «para hacerles entender que ese no es un lugar apropiado, ni es lo que deseamos para ellos». A pesar de todo, señaló que junto a las iniciativas en las que se está trabajando para ofrecerles lugares de acogida dignos, es necesario seguir con la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el fin de garantizar la seguridad en la zona.

Tras la reunión celebrada en la Delegación del Gobierno, Marta Torrado destacó el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para atender a estos inmigrantes a través de las ONG y ampliando las plazas y horarios de los centros de acogida, a pesar de lo cual «todavía hay muchos que se niegan a ir y siguen en el río, sin que nosotros podamos hacer nada». Respecto a esta situación y a las declaraciones de una ONG criticando la labor de la administración, aludió a que puedan existir algún «interés oculto» en que se mantenga esta situación.

Baile de cifras

Por otra parte, el delegado del Gobierno justificó la política de inmigración del Ejecutivo central destacando el incremento en el control de fronteras que ha permitido reducir en 2005 un 24 por ciento el número de pateras, en un 35 por ciento en los retornos de inmigrantes en puertos y aeropuertos y en un 57 por ciento los detenidos vinculados a las mafias relacionadas con la inmigración. Asimismo, recordó que aunque los vuelos procedentes de Canarias están en función de las necesidades y no se pueden prever a largo plazo, estos se han reducido. La consellera de Bienestar Social rechazó poner en duda las cifras aportadas Bernabé, pero señaló que «no le cuadran», ya que cada vez se detectan más inmigrantes. Asimismo, criticó que su departamento siempre conoce las cifras de los inmigrantes que el Gobierno traslada desde Canarias «cuando ya han llegado, aunque el delegado me ha asegurado que él las recibe poco antes».