El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado lunes durante el anuncio del adelanto electoral
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado lunes durante el anuncio del adelanto electoral - MIKEL PONCE
Política

El adelanto electoral de Ximo Puig desactiva leyes incómodas

Comisiones e iniciativas que dividían al Gobierno quedan en el limbo tras el anticipo

VALENCIAActualizado:

El adelanto de las elecciones en la Comunidad Valenciana impuesto por Ximo Puig en contra de sus socios de Compromís para unirlas a las generales del 28 de abril cuenta con una importante derivada legislativa y parlamentaria. Las Cortes quedaron ayer disueltas mediante decreto y volverán a constituirse el 16 de mayo con no pocas cuestiones pendientes. Entre ellas, leyes, iniciativas o comisiones de investigación que ahora quedan en el aire y que resultaban molestas para los socios del Gobierno autonómico.

La principal es la comisión sobre la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc. Creada el pasado septiembre y marcada inicialmente por las ausencias de los comparecientes, han pasado por ella decenas de cargos y excargos de ambos partidos o personas relacionadas con la empresa Crespo Gomar. Según la instrucción judicial llevada a cabo en Valencia, que no pudo seguir adelante al estar el presunto delito electoral prescrito, esta agencia de comunicación podría haber realizado servicios a las formaciones de cara a las elecciones de 2007 de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas.

A lo largo de las sesiones celebradas en las Cortes, tanto PSPV como Compromís han tratado de desmontar toda la investigación judicial y policial llegando a insistir en que se trataba de un montaje y negando los hechos. La última en ser llamada este mismo lunes fue la presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. A partir de ahora no habrá más comparecientes y el dictamen nunca llegará (aunque desde Podemos señalan que elaborarán igualmente su parte).

Otras de las conclusiones más importantes que tampoco verán la luz son las de las comisiones de Taula -que investiga una supuesta financiación irregular del PP y a la que estaba llamado el portavoz popular en el Parlamento Europeo Esteban González Pons- o una parte de las de la gestión de Feria Valencia.

Junta de Síndics celebrada este martes en las Cortes Valencianas ya disueltas
Junta de Síndics celebrada este martes en las Cortes Valencianas ya disueltas - EFE

También en comisiones, pero permanentes, quedaban algunas citaciones de relevancia. Era el caso de la de la directora de la televisión valenciana À Punt, Empar Marco, para explicar la gestión del ente; o la del conseller de Educación, Vicent Marzà, para dar cuenta, a petición de Podemos, del plan de eliminación de barracones escolares -una de las grandes promesas incumplidas del Gobierno valenciano-.

Se salva de un importante «trago», asimismo, el presidente de las Cortes, Enric Morera (Compromís), de quien Ciudadanos pidió la reprobación. Las causas eran su apoyo público y manifiesto a los políticos independentistas y haber «imputado un delito de odio» a Toni Cantó por unas declaraciones en las que criticaba el «sectarismo» de la televisión valenciana y el «catalanismo» de Compromís. Morera pretendía tramitar su reprobación y participar en el debate parlamentario, pero Ciudadanos nunca llegó a exigir que se introdujera en un pleno.

Leyes conflictivas

En cuanto a las leyes, la mayoría de las que quedan fuera son «casualmente» propuestas por Podemos. Ocurre con la de vaciado de las diputaciones; la de expresidentes (para que éstos contaran con menos «privilegios» de los que tienen); o la de prevención de residuos y economía circular, sobre la que los empresarios valencianos se opusieron frontalmente y los partidos acabaron cediendo. Todas estas normas han generado conflicto entre las formaciones que sustentan el Ejecutivo autonómico -especialmente por la presión desde Podemos- y, aunque podrían haber salido adelante, el debate habría sido intenso.

Quedan fuera, del mismo modo, dos iniciativas que, pese a lo complicado de que acabaran teniendo luz verde, resultan relevantes por partir de la oposición. De un lado, la ley de supresión de los aforamientos para los diputados (impulsada por Ciudadanos) y, de otro, la reforma de la participación institucional (defendida por el PP) para retirar las subvenciones directas a sindicatos y patronal, y repartirlas mediante concurrencia competitiva.

El líder de los morados, Antonio Estañ, consideró ayer que ha habido «falta de voluntad y aplazamiento» de determinadas normas, y pidió una reunión con sus socios del PSPV y Compromís para tratar estas cuestiones pendientes y estudiar si alguna podría llevarse mediante decreto a la diputación permanente del Parlamento autonómico. Compromís advirtió de que «duda» que sea posible resolverlo.