Absuelven al expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler del intento de secuestro de su sucesor

Así, quedan revocadas las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Valencia a cuatro personas, entre ellas el expresidente del conjunto «che», por conspiración para secuestrar a un empresario y robar con violencia en su casa. El Supremo califica de « ilícita» la grabación, sin autorización judicial, llevada a cabo por uno de los acusados -que dijo ser confidente de la Policía-, en una reunión en la que presuntamente se planearon dichos delitos.

El Alto Tribunal manifiesta la ilicitud de esta prueba grabada en abril de 2014 y obtenida por los agentes policiales, pues «conduce a declarar vulnerado el derecho a no confesarse culpable y, con él, el derecho a la presunción de inocencia ». Por estas razones, estima el recurso de casación de los tres acusados y se amplía al cuarto condenado que no recurrió a la sentencia de hace dos años.

De acuerdo con el escrito del Tribunal Supremo, «no existen pruebas desconectadas de la grabación clandestina , que estuvo en el origen de la causa». En este sentido, declara «incontrovertible» que el dispositivo utilizado para obtener la grabación fue entregado por los propios agentes que querían obtener pruebas más fundadas acerca de la conspiración del secuestro al empresario Vicente Soriano.

Todo ello, detalla el Supremo, en un contexto que prescindía de «cualquier conocimiento y autorización judicial». Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la propia Sala Segunda, la ilicitud probatoria queda ligada a la ventaja obtenida por los investigadores cuando sobrepasaron los límites del sistema, valiéndose de un instrumento que les permite eludir la judicialización de las diligencias, además de obtener «un testimonio de tan alto poder incriminatorio» , aprovechando la espontaneidad de una conversación de una persona que no sabe que está siendo grabada.

Añade que aceptar una declaración obtenida en estos términos supondría «abrir una inédita y peligrosa vía que permitiría a la investigación penal esquivar los perturbadores límites que imponen las garantías de nuestro sistema constitucional». «Los investigadores pueden valerse de un agente encubierto pero su intervención no puede depender del incontrolado interés en obtener a cualquier precio pruebas incriminatorias», agrega el Tribunal Supremo.

La venta de la mayoría accionarial del Valencia Club de Fútbol en poder de Juan Bautista Soler al empresario Vicente Soriano, a cambio de 85 millones de euros, supuso el punto de partida del conflicto entre ambos exmandatarios de la entidad valencianista.

La intención de Soriano era vender estas acciones junto a las suyas y las de otros accionistas a la empresa Inversiones Dalport , compañía que se marchó de Valencia después de llevar a cabo una ampliación de capital.

Tras declarar incumplido el contrato por la transacción de las acciones, Soriano e Inversiones Dalport fueron condenados por el Tribunal Supremo a pagar a Soler hasta veinte y 39 millones euros por los primeros pagarés con los que suscribieron la compra de los títulos.

Los condenados fueron acusados de conspirar para secuestrar a Soriano a la salida de una cafetería , para llevarlo a un local en la localidad de Alfafar tras transportarlo en una furgoneta, así como de planear el asalto a uno de sus pisos de donde creían que escondía una gran cantidad de dinero.