Abren juicio oral a un exconcejal de Alicante por la misma infracción del alcalde Echávarri

De hecho, aunque Echávarri ha asegurado este viernes «desconocer por completo» el asunto judicial de Sobrino, se presentó un recurso por parte de los servicios jurídicos municipales solicitando el sobreseimiento del caso, según ha revelado la portavoz del grupo de Ciudadanos, Yaneth Giraldo . Un maniobra que ha calificado como «una especie de intentona para desviar el asunto pero a la vista está que a alguien le ha salido el tiro por la culata; el Ayuntamiento no debería interferir en el proceso judicial», ha opinado.

La apertura de juicio oral a Sobrino «agrava más si cabe la situación judicial, también política, de Gabriel Echávarri», según Giraldo, que ha recordado cómo «el alcalde se encuentra a la espera de juicio oral por un asunto idéntico como es el presunto troceamiento de contratos en la campaña de promoción comercial de las Navidades de 2016, siendo él concejal de Comercio».

Este proceso constituye una pieza separada del denominado caso Isjoma , en el que se investiga la adjudicación del contrato para el montaje de escenarios e infraestructuras para fiestas y eventos municipales y en la que están investigados, entre otros, los también exconcejales Andrés Llorens y Juan Zaragoza, ambos del PP.

El auto, que ha sido facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ( TSJCV ), establece que la vista oral deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Alicante.

La Fiscalía Anticorrupción solicita provisionalmente penas de siete años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por un delito de prevaricación.

Según la acusación pública, el entonces concejal suscribió un contrato de servicios por 42.000 euros que adjudicó directamente a una empresa "conforme al procedimiento negociado sin publicidad", aunque excedía del límite legal de 18.000 euros y requería, por tanto, de un concurso público.

Más tarde, Sobrino y el jefe de servicio de la concejalía en aquel momento, Diego Agulló, "perfectamente conocedores de lo ocurrido, aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial, haciéndolos pasar por contratos menores", aunque todos ellos obedecían al mismo objeto, relata la acusación pública en su escrito de conclusiones.

Anticorrupción sostiene que dos patrocinadores pagaron dos de estas facturas y el ayuntamiento abonó otras cuatro que superaron un importe total de 26.320,09 euros, lo que "seguía superando le límite del contrato menor de suministros".

Finalmente, el Consistorio abonó a la empresa, contando el IVA (16 por ciento), 30.531,11 euros por dicha feria, que se celebró en la Zona Volvo del puerto de Alicante del 9 al 12 de octubre de 2009.

El titular del juzgado de Instrucción 8 de Alicante, Ángel Villanueva, ha decretado ahora la apertura de juicio oral contra Sobrino y Agulló pese a que el ayuntamiento, personado como perjudicado en la causa, había solicitado su archivo.