Más de 15.000 alumnos piden en un día el título oficial automático de valenciano con la ley de Mazón

Esta novedad de la normativa se presentó por parte del conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, como una de las formas de incentivar entre las familias que apuesten por la enseñanza del valenciano -como asignatura de lengua- con carácter general, ya que en las zonas de predominio castellanohablante pueden pedir la exención, un derecho que ya tenían antes.

En total, hay 337.000 antiguos alumnos que pueden beneficiarse de esta acreditación de sus conocimientos del valenciano, con diferentes niveles según una serie de requisitos. Así, quienes hayan obtenido una nota de 7 o más en la asignatura al concluir el Bachillerato o en la Selectividad disponen de un C1, con el que pueden acceder a la Función Pública en oposiciones. Al respecto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que esta acreditación también favorece la inserción laboral en empresas privadas.

A partir de ese título de máximos, los estudiantes pueden obtener otros (A2, B1 y B2) en función de qué etapas educativas completaron en colegios e institutos (o formación para adultos y pruebas de acceso a la Universidad), desde Primaria a Secundaria, FP o las antiguas EGB, BUP y COU, en virtud de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Toda la información se puede consultar en este enlace.

Este expediente de quienes piden su certificación -gratuita y recibida por correo electrónico, una vez comprobados sus datos- se incorpora a los archivos de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que se encarga de los exámenes en esta materia para el conjunto de la población.

Aparte de la pretensión del Gobierno autonómico de Mazón de cumplir con un asunto de «justicia» y de motivar a que se estudie el idioma sin imposiciones en las asignaturas troncales no lingüísticas, en cualquier caso con votaciones en los centros educativos, la expedición de estos títulos tiene otros efectos indirectos.

Varias asociaciones de familias surgidas en las dos anteriores legislaturas por el rechazo a la anterior Ley de Plurilingüismo que imponía el valenciano en las aulas han puesto el foco en que el requisito lingüístico para los funcionarios condicionaba y presionaba a madres y padres a la hora de votar en los consejos escolares el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).

A su juicio, se distorsionaba su verdadera voluntad porque los progenitores no querían limitar la proyección laboral de sus hijos si no iban a disponer de la capacitación en valenciano para optar a oposiciones, un temor que ahora se diluye o desaparece, porque no necesitan someterse a la inmersión lingüística como en Cataluña. Igualmente, según estas entidades había una influencia encubierta en los docentes, que habían tenido que superar la prueba del idioma y se sumaban a la causa nacionalista.

En el extremo opuesto, varios sindicatos como SETPV o CCOO y entidades afines al independentismo, así como profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas, han protestado contra estas certificaciones automáticas por entender que devaluaban el reconocimiento del nivel en valenciano. En algunos casos, lo han situado entre los ataques a esta lengua, aunque la normativa garantiza la libertad de elección.