La Comisión de Justicia del Parlamento Europeo pide prohibir amnistías e indultos para delitos de malversación

Aunque se trate de una enmienda probablemente simbólica porque por definición los gobiernos ya tienen muy complicado perdonar delitos que están castigados por la legislación comunitaria so pena de verse acusados ellos mismos por incumplimiento de sus obligaciones, a los socialistas españoles les resulta cada vez más difícil suscitar apoyos parlamentarios, incluso en las propias filas de los socialdemócratas, en casos que contradicen tan claramente los principios europeos.

Esta propuesta promovida por el eurodiputado popular Javier Zarzalejos debe ser ratificada en el pleno de la Eurocámara, en la sesión que se celebra en Estrasburgo del 26 al 29 de febrero. La enmienda fue aprobada por 47 votos a favor y 17 en contra, una diferencia tan aplastante que no sería siquiera razonable que el PSOE intente revertirla en el pleno y es poco previsible que lo intenten siquiera, so pena de hacer aún más evidente su aislamiento.

Otra cosa será la tramitación de esta nueva directiva europea contra la corrupción, que es el proyecto legislativo del que forma parte y que por ahora ya se sabe que contradice muchas de las cosas que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en este campo, desde el proyecto de amnistía a la reforma de los delitos de malversación, que no encajarían en la redacción actual. Por ahora se conoce la propuesta inicial de la Comisión y el Parlamento está avanzando con decisión en la redacción de su propia versión, en la que aparecerá probablemente la prohibición de las amnistías en casos de corrupción. Sin embargo, en el Consejo, es decir entre los países, el proceso está muy retrasado y se da por hecho que no llegarán a aprobar su posición antes de las elecciones europeas. Ahí el Gobierno socialista tendría mucha más capacidad de intervenir en la redacción de la propuesta legislativa, pero también estaría obligado a expresar abiertamente ante los demás socios comunitarios, lo que puede resultar especialmente incómodo.

En todo caso, la vicepresidenta de la comisión LIBE, Maite Pagazaurtundúa, calificó la aprobación de la enmienda como «un buen día» y la jefa de la delegación del PP español Dolors Montserrat consideraba que se ha puesto en evidencia que «el PSOE rechaza nuestra enmienda europea para proteger su amnistía para condenados por corrupción» y que «mientras Europa pide endurecer la lucha contra la corrupción, el PSOE quiere amnistiarla para seguir gobernando».

También este miércoles el eurodiputado de Ciudadanos, Adrián Vázquez, hizo pública la respuesta que le ha dado la Comisión Europea a su petición de que se publique el contenido de los intercambios de información con el Gobierno de España sobre la amnistía que el comisario de Justicia Didier Reynders ha reconocido que mantiene desde que se inició la tramitación de la polémica ley.

Hasta ahora, tanto Reynders como sus portavoces habían sostenido invariablemente que la institución estaba siguiendo la tramitación legislativa de la ley de amnistía y que se mantenían en contacto con las autoridades españolas. Y con la misma contundencia habían declarado que no se conocerá su opinión sobre ese proyecto legislativo hasta que no haya terminado su tramitación.

La Comisión se ha negado a entregarle a Vázquez esos documentos y el hecho de que hubiera utilizado como argumento que hacerlos públicos «puede perjudicar investigaciones en curso» se interpretó inicialmente como un reconocimiento de que su interés por la amnistía había subido un escalón. Finalmente, los portavoces comunitarios aclararon que esa mención no se refería al hecho de que hubieran iniciado una investigación formal, para lo que hubiera sido necesario advertir primero al propio Gobierno español, sino al enunciado de la excepción que permite negar los documentos al eurodiputado.

Sin embargo, no se desmintió que la propia Comisión sigue analizando el desarrollo legislativo de la proposición de ley de amnistía y que dará su opinión en cuanto haya terminado su tramitación parlamentaria.